Familiares de los 32 presos mapuche que mantienen una huelga de hambre desde hace más de un mes en distintas cárceles chilenas viajaron hasta Santiago de Chile para denunciar irregularidades en sus procesos judiciales y promover instancias de diálogo con las autoridades, informó la agencia IPS.

La protesta que llevan a cabo 32 de los 58 prisioneros políticos mapuche vinculados a reivindicaciones ancestrales responde «a la desesperanza de los comuneros, que ven cómo se van cerrando todas las puertas y que no hay ninguna disposición política a dialogar y reconocer la existencia de este conflicto», explicó Fernando Lira, presidente de la asociación Liberar, que les presta asistencia.

Los mapuche exigen la devolución de sus tierras ancestrales -Bío Bío, Los Ríos, Araucanía y Los Lagos-, que el Estado les arrebató a finales del siglo XIX para entregárselas a particulares. El pueblo indígena más numeroso de Chile considera «insuficientes» las políticas implementadas por los gobiernos de la Concerta- ción, en el poder los últimos 20 años.

Para poner fin a su protesta, iniciada el 12 de julio, los huelguistas exigen que se deje de aplicar a sus casos la «ley antiterrorista» impuesta por el dictador Augusto Pinochet, cuando se trata únicamente de «atentados contra la propiedad privada» -recalca María Tracal, su portavoz- y reclaman el fin de los «dobles enjuiciamientos», ya que son procesados por el mismo delito en tribunales civiles y militares. Además han denunciado ser víctimas de montajes policiales y judiciales y haber sufrido malos tratos y torturas en prisión.

Los mapuche denuncian igualmente el bloqueo informativo de la protesta en prisión y la presentación tendenciosa del conflicto.

Fernando Lira instó a conformar una mesa en la que participen todos los actores involucrados y censuró al Gobierno del derechista Sebastián Piñera por su silencio.