El verano, especialmente el mes de agosto, viene a ser sinónimo de vacaciones, y la publicidad se ocupa de recordarlo continuamente. Sin embargo, no tiene por qué ser así. De hecho, no lo es. No lo es para, entre otros muchos que probablemente ignoren qué es descansar, quienes han padecido las consecuencias de las inundaciones en varias regiones asiáticas, o de los incendios que no se pueden calificar de habituales, ya sea en Rusia, ya sea, a otra escala, en Nafarroa. Pero tampoco agosto es sinónimo de vacaciones para quienes, en Euskal Herria, su mayor preocupación es que un conflicto que en el último medio siglo se ha desarrollado en parámetros de enfrentamiento armado alcance una fase de resolución por vías democráticas. Como tampoco lo es para quienes su preocupación aumenta a medida que esa fase se aproxima y su principal cometido es, precisamente, evitar que ésta llegue. Ciertamente, la represión no se toma excesivos descansos, y este verano, aunque para el ciudadano de a pie resulte aún más injustificada, quienes viven cómodos en la imposición y la negación de derechos ven acrecentados los motivos para no bajar la guardia ante una ofensiva tan peligrosa como esa que propugna el respeto a la voluntad popular.

Esta semana la izquierda abertzale denunciaba esa actitud represiva del Estado español, entendida como un intento de bloqueo de la situación política frente al recorrido de su iniciativa, que a día de hoy ya comparte o debate con otras fuerzas abertzales. No obstante, esta realidad coincide con la constatación que también hacía la izquierda abertzale afirmando que el documento «Zutik Euskal Herria» ha «sacudido» la situación política. Ciertamente, cualquier observador, lo reconozca o no públicamente, coincidirá con esa apreciación, por extraño que le resulte que un sector político perseguido hasta la ilegalización, el encarcelamiento y la anulación de su libertad expresión sea capaz de provocar tales movimientos y temblores en el mapa político. Por ello resultan ridículos esos celos que muestran quienes tildan de «inmerecida» la atención que concita esa iniciativa política, a nivel nacional e internacional. Un protagonismo que ha de convertirse, por vocación y razón de ser, en propiedad de la ciudadanía principalmente, pues en las ciudadanas y ciudadanos de este país está su potencialidad y la garantía de llegar a buen puerto. Claro que los celos de quienes no soportan los avances hacia el nuevo escenario son en realidad expresión del temor que el mero hecho de escuchar hablar de diálogo les provoca y de su preocupación al comprobar que, a medida que ese escenario se acerca, su discurso y sus recetas resultan cada vez más obsoletos y fuera de lugar.

Para lograr y garantizar avances cualitativos en esa vía es necesario algo más que la mera manifestación de intenciones, pero los hechos que dotan de credibilidad a las intenciones sólo se vislumbran en una de las partes. Esta misma semana, Brian Currin se mostraba optimista con respecto a la evolución hacia una fase de resolución del conflicto en Euskal Herria, y es de suponer de dónde procede principalmente ese optimismo: de quienes aportan, además de palabras, hechos. Y es preciso tener muy presente que la Declaración de Bruselas, si bien se dirigía a ETA, no sólo emplazaba a la organización armada, como bien parecen entender quienes atacan directamente a sus firmantes -personalidades de reconocido prestigio a nivel mundial- en un vano e infantil intento de desprestigiarlos, porque su preocupación no es la confrontación armada, sino la posibilidad de que el final de ésta sea el principio de una solución en términos democráticos, lo cual supondría el reconocimiento de los derechos de Euskal Herria.

Derechos como excepción

Por los derechos de Euskal Herria se daban cita ayer en Donostia, coincidiendo con el comienzo de la Aste Nagusia, miles de personas en una manifestación que en días previos había sido objeto de una expectación inusitada en una sociedad mínimamente democrática. Porque en un estado democrático es impensable que una convocatoria de manifestación esté a expensas de su posible prohibición, en este caso solicitada por la Fiscalía. En un estado democrático el derecho de manifestación es precisamente un derecho y, por tanto, en modo alguno un privilegio susceptible de autorización. El único motivo que podría justificar la prohibición, como medida excepcional, es el de evitar graves incidentes cuando se dispone de datos que anuncian que los habrá. Sin embargo, la Aste Nagusia donostiarra ha sido escenario tradicional de manifestaciones reivindicativas, y en las ocasiones en las que se ha registrado la alteración de la convivencia ciudadana ha sido cuando la manifestación ha sido prohibida y han intervenido las fuerzas policiales. Pero en el Estado español, en lo referente a Euskal Herria, la excepción se convierte en regla en materia de derechos. En este caso ha ocurrido al revés, y el propio auto del juez de la Audiencia Nacional española advertía de que la prohibición habría supuesto imponer el «Derecho Penal de autor», algo bastante habitual cuando se trata de aplicarlo a ciudadanos vascos.