A la Francia de Sarkozy le va el glamour del agua de Vichy, esa grandeur de postal, límpida y transparente que desprende aquella fragancia imperial de la belle époque. Pero esa imagen contrasta con el campo de refugiados de Dunkerque, donde cientos de inmigrantes, la mayoría afganos que huyen de la muerte, son hacinados por las autoridades francesas que les impiden el paso hacia una suerte mejor al otro lado del canal de la Mancha. La Francia que comenzó su liberación en aquellas mismas dunas, condena a cientos de seres humanos a un campo de concentración al que ya ni siquiera se suministra agua potable. Lo único que se les ofrece, de corazón, es la expulsión.

Así es esta Francia de Vichy, un país que acaba de condenar a cinco de sus ciudadanos por denunciar hace dos años la situación de una familia albanesa, una pareja y dos hijos, que fueron detenidos y recluídos en el centro de retención de Hendaia para su posterior expulsión. Su delito: no tener papeles. El delito de los ahora condenados: haber logrado frenar la maquinaria del Estado recordando, entre otras cosas, aquel pasado oscuro en el que la Francia de Pétain también expulsaba a seres humanos hacia un destino negro. Francia emplea métodos dignos de Vichy, dijeron. Y Francia, avergonzada, se lavó la cara dejando en libertad a la familia albanesa. Pero ahora, dos años después, la Francia de Sarkozy quiere dejar claro que, como dijo el fiscal, toda libertad tiene sus límites, incluso la libertad de expresión.

La prensa escribe que la condena a los cinco encausados ha sido simbólica por lo del euro de multa. Pero es la condena en sí misma lo que es un símbolo. Y no precisamente de agua límpida y transparente.