Costa Rica, un Estado confesional cuya religión oficial es la católica, se encuentra dividida tras la decisión de la Sala Constitucional de impedir la celebración de un referendo, promovido por la Iglesia católica, para decidir sobre la legalidad de las uniones homosexuales. Con el fallo quedó enterrada la idea de someter a consulta popular el proyecto de ley que propone la legalidad de las uniones civiles entre personas del mismo sexo y el reconocimiento de su derecho a seguro social, herencia, pensión y acceso al crédito conjunto.