Las primeras expulsiones de 79 gitanos rumanos en «situación irregular» en el Estado francés se registrarán mañana, anunciaron ayer las autoridades francesas.

Un total de 79 gitanos que han aceptado la «ayuda de retorno voluntario» de 300 euros y de 100 euros por menor de edad serán enviados a Bucarest en vuelo fletado en «el marco de una campaña de regreso voluntario a su país de origen», anunció el ministro francés de Inmigración, Eric Besson.

Besson subrayó que se trata del vigesimoquinto vuelo de este tipo organizado desde comienzos de años hacia Rumanía y Bulgaria.

«No hay vuelos especiales a Rumanía. Estamos en el marco de procedimientos clásicos para volver a conducir a ciudadanos extranjeros en situación irregular a su país de origen», añadió Besson.

En cualquier caso, el ministro reconoció que las personas expulsadas son ciudadanos de un Estado miembro de la UE, «por lo que podrán regresar a Francia, puesto que la ley así lo establece, pero no podrán permanecer en situación irregular ni volver a recibir una ayuda para el retorno voluntario».

Rumanía y Bulgaria ingresaron en la UE en 2007. En virtud de un régimen transitorio, sus ciudadanos pueden entrar en el Estado francés sin requisitos especiales y quedarse tres meses sin tener que justificar ninguna actividad.

A partir de los tres meses, deben tener un empleo, estudiar o justificar que disponen de recursos suficientes. Se estima que el número de gitanos rumanos en el Estado francés asciende a unos 15.000.

En 2009, se organizaron 44 vuelos de este tipo y 10.000 rumanos y búlgaros fueron enviados a sus países de origen, según el ministro de Inmigración.

El ministro del Interior, Brice Hortefeux, por su parte, anunció previamente que 51 campamentos de gitanos rumanos iban a ser desmantelados a lo largo de este verano en el Estado francés. «En total, serán unos 700 gitanos rumanos los que serán enviados a sus países de origen antes de finales de mes» en avión, afirmó Hortefeux, precisando que los vuelos tendrían lugar entre el 19 y el 26 de agosto y que un tercero estaba previsto para «finales de setiembre».

Además de las expulsiones en serie, el presidente de la República, Nicolas Sarkozy, que acaba de anunciar una nueva vuelta de tuerca en materia de seguridad, alertó recientemente de que quería privar de la «nacionalidad francesa» a «algunos criminales de origen extranjero».

París ha sido vivamente criticado por la ONU por haber establecido vínculos entre inmigración e inseguridad. En el Estado francés, el Gobierno ha sido acusado por las formaciones de izquierda y socialdemócratas de promover el «racismo de Estado».

Esta política contra los inmigrantes también ha sido considerado como «chocante» e incluso «innoble» por varios electos de la derecha francesa.