Corbacho ve «razonable» elevar a 20 años la base de cálculo de la pensión
El ministro español de Trabajo considera «razonable» establecer en 20 años el periodo de cálculo de las pensiones, cinco años más del plazo actual. Esta ampliación supondría para la gran mayoría de los cotizantes una minoración de sus pensiones, al tomar como referencia salarios más lejanos en el tiempo -y, por tanto, casi siempre inferiores- a la edad de jubilación. El Gobierno de Zapatero pretende también retrasar la edad de retiro a los 67 años.
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Mientras aún coleaba la polémica por sus declaraciones favorables a endurecer las condiciones para acceder a la prestación de desempleo -como la reducción de cien a treinta días el periodo para aceptar obligatoriamente los cursos de formación, y también para aceptar cualquier oferta de empleo-, el ministro de Trabajo español, Celestino Corbacho, entró ayer en el terreno de las jubilaciones y afirmó que parece «una cifra razonable» elevar a veinte años el nuevo plazo para calcular el pago de las pensiones, en vez de los quince que se requieren ahora.
«Será inevitable que el tiempo de cálculo deba aumentar de los quince años, será inevitable para garantizar la sostenibilidad» de la Seguridad Social, sostuvo el ministro en declaraciones a Catalunya Ràdio.
Jubilación a los 67
El pasado enero, el Gobierno del PSOE ya aprobó en el Consejo de Ministros reformar el sistema de pensiones, con el retraso de la jubilación hasta 67 años e incluyendo un aumento de las bases de cotización y el periodo que se toma como referencia para el cálculo de la cuantía de la prestación, que actualmente está fijado en los últimos quince años de cotización.
Corbacho, para argumentar esta postura, consideró que el sistema actual «penaliza mucho a las personas que pierden su trabajo en la última etapa laboral», algo que, bajo su punto de vista, debe cambiar. No explicó que para quienes mantienen su trabajo esta medida supondría, casi en la totalidad de los casos, una menor pensión.
El ministro también insistió en que una de las prioridades es evitar las jubilaciones anticipadas. Según valoró, las prejubilaciones deben ser un último recurso para las empresas, y apuntó que en algunos ámbitos se han utilizado con más énfasis que otros, como por ejemplo en el sector bancario.
El Senado español someterá hoy a votación la reforma laboral promovida por el Gobierno español y aprobada por el Congreso, después de que ayer fueran analizadas las enmiendas de los grupos. Un debate, el celebrado en comisión, que el PSOE afrontaba con la intención de pactar con el resto de grupos una enmienda al proyecto de ley de la reforma laboral que rebaje de 100 a 30 días el plazo máximo para que los parados puedan rechazar cursos de formación u ofertas de empleo y seguir cobrando la prestación por desempleo. La senadora Carmela Silva confió, en este sentido, en obtener al menos el apoyo de CiU, que se ha manifestado en alguna ocasión a favor de esta limitación.
El PNV, por su parte, anunció a primera hora de la mañana que mantendrá las mismas enmiendas a la reforma que presentó en el Congreso. El jeltzale Emilio Olabarria explicó, entre otras cosas, que uno de sus objetivos es «adaptar la reforma laboral a las características específicas de la economía vasca, una economía más avanzada, con un claro acento industrial y tecnológico en la que el valor añadido que aportan sus trabajadores tiene un importante peso». GARA
Horas antes de la votación sobre la reforma laboral, la federación de asociaciones de trabajadores autónomos ATA pidió ayer al Senado español que vuelva a introducir entre las enmiendas a la reforma la posibilidad de que los autónomos cobren la ayuda no contributiva de 426 euros, medida que retiró el Congreso en la tramitación del proyecto de ley.
En un comunicado, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, solicitó a todos los grupos de la Cámara Alta que durante la votación de hoy sobre la reforma laboral acaben con «la injusticia y el agravio comparativo» que a su juicio se pretende hacer con los autónomos frente a los parados por cuenta ajena.
El pasado julio, el Congreso aprobó con la oposición del PSOE la ayuda de los 426 euros para los trabajadores por cuenta propia dentro de la ley que establece un sistema de protección de los autónomos por cese de actividad. No obstante, casi una hora después de su aprobación, el grupo parlamentario del PSOE registró una enmienda parcial a la reforma laboral por la que se suprimía esta medida, una enmienda que se aprobó días después en la tramitación del proyecto de ley. GARA
