El ministro francés de Inmigración, Eric Besson, defendió ayer ante la Comisión Europea (CE) la legalidad de las medidas de deportación sistemática de miles de gitanos búlgaros y rumanos a sus países de origen.

La comisaria europea de Interior, Cecilia Malmstrom, y la vicepresidenta de la CE y titular de Justicia, Viviane Reding, trataron el asunto de las expulsiones de romaníes con Besson y el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, así como con una delegación del Gobierno rumano.

Tras la reunión, Besson defendió ante la prensa la compatibilidad de las deportaciones con el derecho comunitario, la legislación francesa y «los valores de la República», y afirmó que se ha cumplido «escrupulosamente» la ley, informó Efe. Aseguró que ni la directiva comunitaria sobre libre circulación de ciudadanos comunitarios ni el Tratado de Lisboa afirman que esa libertad equivalga «a la regularización de todos los ciudadanos comunitarios en situación irregular».

Besson negó que se hayan llevado a cabo «expulsiones colectivas» y subrayó que detrás de cada deportación se encuentra una decisión judicial.

Señaló que la libertad de circulación no puede «servir de pretexto para la realización de actividades ilícitas y, en particular, el tráfico de seres humanos».

Reding recibió también a una delegación del Gobierno rumana, encabezada por su secretario de Estado para Asuntos Europeos, Bogdan Aurescu, que pidió a la CE que examine si las deportaciones ordenadas por París han sido «realmente voluntarias».

Aurescu se mostró muy crítico tras la reunión y advirtió de que Bucarest «no va a permitir» que se dañe la «dignidad» de los ciudadanos o el perfil del país, según indicó Europa Press.

En declaraciones a los medios, acusó a los franceses de «mentir» respecto a los antecedentes criminales de las personas que vivían en los campamentos desmantelados, ya que aseguró que «ninguno de los expulsados» a Rumanía los tiene, lo que a su juicio está en «clara contradicción» con lo que dicen las autoridades francesas para «impresionar» a la opinión pública.

Sarkozy, inflexible

Mientras, en París, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, volvió a reiterar ayer su «voluntad inflexible» de mantener su política de deportación de romaníes a sus países de origen y de retirar la nacionalidad «bajo ciertas condiciones» a ciudadanos franceses de origen extranjero, en particular a los responsables de la muerte de policías y gendarmes, informó El Elíseo en un comunicado oficial.

Reunido con cinco policías que el 12 de agosto resultaron heridos en una barriada de Corbeil-Essonnes, Sarkozy recordó las nuevas medidas legislativas que anunció en julio en Grenoble para agravar los castigos por agresiones contra policías y gendarmes, que se pondrán en marcha en las próximas semanas.

Según sus planes, si un inmigrante nacionalizado agrediera a un policía o un gendarme perdería la nacionalidad, y en caso de muerte de la víctima se enfrentaría una pena de cárcel de 30 años sin reducción posible. Entonces Sarkozy anunció también los planes de eliminar todos los campamentos de gitanos ilegales y expulsar a sus habitantes en un plazo de tres meses.

Ayer, el presidente expresó de nuevo su «determinación absoluta para combatir la delincuencia y la criminalidad».

Desde que Sarkozy anunciara su política contra los romaníes, cuando su popularidad es mínima, la polémica no ha dejado de crecer, incluso en el seno de su propio Gobierno. A las voces discordantes de sus ministros de Relaciones Exteriores, Bernard Kouchner; y de Defensa, Hervé Morin; se sumó ayer la de la secretaria de Estado encargada de la Política Municipal, Fadela Amara, quien dijo estar contra la ampliación de las condiciones de pérdida de la nacionalidad que prepara el Ejecutivo galo.