Política al servicio del Capital. La característica esencial en la actual coyuntura es que los gobiernos permiten al capital sacar provecho de la crisis. Los partidos con opción de gobernar renuncian a tomar una sola medida que afecte en negativo al capital; renuncian a políticas de solidaridad. Su política va contra la gente que más protección necesita: Reforma laboral y de negociación colectiva, de pensiones, reducción del gasto social, privatizaciones, fiscalidad injusta, renuncia a políticas que favorezcan la creación de empleo... Medidas que además de injustas no sirven para salir de la situación de desempleo creciente; al contrario, aumentan el paro. El capital -con hegemonía de políticas de derechas- está convencido que es momento para obtener más poder. Sabe que los partidos que se disputan su aprecio son maleables como la plastilina y los gobiernos unos títeres. Mientras, el poder político pretende esconder su responsabilidad y realiza campañas de propaganda para lavar su imagen. Vivimos una fase muy reaccionaria en la política. Veamos cómo se concreta todo eso en la reforma laboral y en la fiscalidad.

Reforma laboral: defensa de intereses patronales. A los «expertos» en nómina de la Banca se les ha permitido suplantar el debate social y político. Son los que marcan la agenda a los gobiernos exigiendo reformas antisociales. Sus propuestas son recogidas por los grandes medios de comunicación que hacen proselitismo de las mismas y los partidos del monopoly que se disputan la relación preferente con el poder económico dan curso a esas propuestas...

Afirman esos «expertos» -y sólo es un ejemplo- que el problema del mercado laboral es la «dualidad» de derechos entre fijos y temporales y, a partir de ahí, muchos políticos repiten como loros lo de la «dualidad». Los «expertos» ocultan que una gran parte de esa temporalidad está en fraude de ley porque la autoridad laboral mira para otro lado; ocultan que a la patronal le sale gratis defraudar. Es con manipulaciones como ésas como construyen la solución que les interesa: hay que quitar derechos y protección al trabajador, a su contrato laboral. En eso consiste la reforma laboral que han aprobado quienes han votado sí y quienes se han abstenido. El PP, que votó en contra, lo hizo por un simple cálculo electoral: Es su reforma.

La base ideológica de ese planteamiento, que ignora que el conflicto social existe, es inaceptable. Quieren que aceptemos que «el conflicto» se dé entre nosotros; que somos enemigos de nosotros mismos. Incluso, nos señalan esos posibles enemigos: las personas que tienen empleo fijo, que trabajan en el sector público, inmigrantes, las mujeres que trabajan fuera de casa, quienes perciben renta básica... Del listado de culpables hacen desaparecer a banqueros, políticos en nómina del poder económico, grandes empresarios que se han hecho de oro especulando, la corrupción política... Están exentos de culpa y, paradojas de la vida, para volver a beneficiarles. Una manipulación muy interesada. Qué poca vergüenza! Y todo esto tras una fase de acumulación de capital jamás conocida, facilitada por políticas neoliberales que imponían precariedad laboral y social y que expulsaban del debate político lo esencial: el reparto cada vez más injusto de la riqueza.

Esta reforma la han hecho para facilitar la destrucción de empleo, para que le salga más barata a la patronal. Con esta reforma ningún temporal -ninguno- pasará a ser fijo como consecuencia de la misma. Sus promotores, en definitiva, han apoyado los intereses de la patronal más reaccionaria.

Negativa a poner la fiscalidad al servicio de la solidaridad. El PSE-PSN, PNV, PP y UPN no quieren cambiar la política fiscal que ha descapitalizado las arcas públicas. Entre ellos, más allá de la retórica, hay un pacto que funciona. Quieren que pensemos que están a la greña pero, al menos en las cuestiones que afectan a la política económica y social, están de acuerdo (presupuestos, fiscalidad, reformas, privatizaciones...).

El tema fiscal es sangrante: Durante años han bajado los impuestos a las rentas altas y de capital. Lo han hecho cuando había superávit presupuestario y también ahora que hay déficit. Ha sido descarado. Sumémosle la vista gorda al fraude fiscal. Sumémosle -de esto se habla muy poco- que la evasión de capitales a paraísos fiscales sigue siendo muy alta. Mienten quienes dicen que pagamos más impuestos que en Europa. Mienten los responsables de las haciendas vascas al afirmar que pagamos más impuestos que en España. No es verdad. La presión fiscal aquí es más baja que en España. En Hego Euskal Herria se podrían recaudar 8.150 millones de euros más si tuviéramos la presión fiscal media de la UE y más de 3.000 millones si contáramos con la del Estado español.

ELA ha insistido en que la aprobación de las normas fiscales por las haciendas vascas es un asunto predemocrático. Lo que pasa aquí no sucede en otros lugares. Previa a su aprobación no hay ningún tipo de información ni consulta social. El Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) del que forman parte las Diputaciones y el Gobierno Vasco hace y deshace a su antojo gestionando la fiscalidad como si de un patrimonio privado se tratara. Hay logias secretas que funcionan con más trasparencia. El Consejo Económico y Social (CES) no es consultado sobre esta materia (ELA suspendió su participación en ese Órgano, entre otras razones, por este motivo). La fiscalidad, en su conjunto, está presidida por una inaceptable opacidad.

Hoy todas las administraciones aplican recortes, incluso sobre presupuestos aprobados. Recortes que afectan a materias muy sensibles y necesarias: contrataciones de personal, salarios de empleados públicos, gasto social sanitario y educativo, cierre de servicios, gasto en infraestructuras, ayudas a la cooperación internacional... Recortes que afectan al gasto social. Desgraciadamente esos partidos antes citados prefieren esos recortes a revisar la política fiscal.

Falta debate social y hay mucha manipulación informativa. Así se explica la impunidad con la que actúan. Esas políticas antisociales que aplican legitiman aún más como elemento de contrapoder al sindicalismo reivindicativo; un sindicalismo con militancia capaz de disputar de manera organizada en todos los ámbitos.