Después de que se conociera la decisión del Ministerio español de Interior y de Lakua de reducir los servicios de escolta, ayer la portavoz del Ejecutivo autonómico, Idoia Mendia, aseguró que «todo el mundo va a estar protegido de una manera o de otra» a pesar de la reorganización. Mendia, en una entrevista ofrecida a Radio Euskadi, intentó quitar importancia al hecho de que desde hace más de un año ETA no haya cometido ningún atentado, porque, en su opinión, «hacer un atentado es bastante fácil» y puede suceder «en cualquier momento».

Las asociaciones de escoltas privados dieron la voz de alarma al conocer la noticia, criticando que más de 50 cargos políticos, empresarios y periodistas quedarán sin protección. Pero ayer la portavoz explicó que la reorganización obedece «a una evaluación de riesgos que periódicamente se realiza y a las labores que ocupa cada persona en cada momento temporal» y que retirar agentes de este servicio «no significa menoscabo de la seguridad» de los protegidos.

Quiso dejar claro que la nueva organización dará «la misma cobertura» de seguridad. «Todo el mundo va a estar protegido de una manera o de otra», dijo. Asimismo, al igual que Rodolfo Ares, Mendia manifestó que la reorganización no se debe «a un problema de ahorro».

Lo que el consejero de Interior matizó ayer fue que el programa de protección de los miembros de la judicatura en la CAV «va a atenerse al esquema actual», hasta que finalicen las entrevistas que Interior de Lakua mantendrá individualmente con cada uno de los jueces y fiscales, para tener en cuenta su opinión sobre los estudios realizados con el fin de reorganizar los servicios que presta a ambos colectivos. Así que hasta que no finalicen dichas entrevistas, el programa de protección de los miembros de la judicatura en la CAV seguirá como hasta ahora, en cuanto a dotación de recursos humano se refiere.

Ayer, en una de las reuniones periódicas habituales que mantiene el Gobierno de Gasteiz con el TSJPV sobre el seguimiento del sistema de seguridad en la judicatura, Fiscalía y Administración de Justicia, Ares informó sobre los estudios de evaluación de riesgo que se han realizado a jueces y a fiscales. En este sentido, comunicó a los representantes de la judicatura en la CAV los planes de su departamento para reorganizar los servicios, según dijo, «de cara a optimizar los recursos y prestar la máxima seguridad al conjunto de las personas amenazadas».