A la vista de que en un momento político crucial el PNV ha decidido basar sus reivindicaciones en meras transferencias estatutarias, un ex alto cargo de los últimos gobiernos de Ibarretxe se preguntaba estos días dónde quedaba el trabajo hecho durante diez años desde Ajuria Enea para buscar la superación del viejo Estatuto. No lo hacía cómo reproche ni cómo lamento. Se trataba simplemente de una duda, de una incógnita no despejada. Un pensamiento que probablemente esté también en la mente de otros muchos jeltzales.

Baste recordar que apenas hace dos años, Juan José Ibarretxe inauguró el curso de su Gobierno en el palacio Miramar anunciando que, en caso de que el Tribunal Constitucional prohibiera la consulta planteada por el Parlamento de Gasteiz, activaría una ola de denuncias ciudadanas contra el Reino de España ante el Tribunal de Estrasburgo por la conculcación de derechos básicos de la ciudadanía vasca.

Alguien podría exclamar: ¡Cuánto han cambiado las cosas en un par de años! Lo cierto, sin embargo, es que cambiaron en un par de meses. Porque el 11 de setiembre de 2008 el Constitucional prohibió la consulta y el Gobierno del PNV aseguró que aquello era «un ataque directo a nuestra autonomía que, de hecho, supone la suspensión de nuestro autogobierno». Poco después, el propio Ibarretxe afirmó que «el PSOE y el PP, utilizando al TC, nos han señalado los límites de la alambrada. El pueblo vasco no existe, no tiene derecho a decidir». Pese a ello, unas semanas más tarde, el PNV salvaba los presupuestos del Estado de José Luis Rodríguez Zapatero -el de la alambrada y la anulación del autogobierno- a cambio de 86,6 millones para una transferencia de I+D+i, el apoyo al hoy reducido a la mitad superpuerto de Pasaia y la posibilidad de que los ertzainas se jubilen a los 60 años.

Si en semejante coyuntura, tras aquel agravio, el PNV e Ibarretxe decidieron pactar con el PSOE, menos llamativo es que ahora apueste por jugar la baza de ser la única tabla de salvación del Gobierno de Zapatero. Lo que resulta significativo es el precio público puesto.

Cuando hasta los nacionalistas catalanes más pragmáticos están reforzando su apuesta por el derecho a decidir (y muchos hablan abiertamente de la independencia), cuando en Euskal Herria se abren posibilidades a un amplio movimiento soberanista, el PNV vuelve la vista atrás y demanda transferencias del viejo Estatuto autonómico.

Los jeltzales son plenamente conscientes -y así lo han expresado por diferentes medios- de que esta negociación presupuestaria tiene un enorme contenido político, pues la no aprobación de las cuentas podría hacer caer al Gobierno de Zapatero. En consonancia, sus demandas podían haber sido también de hondo calado político y orientadas hacia la apertura de los nuevos marcos que el PNV proponía en 2004 (nuevo estatuto político) y 2009 (consulta) y le fueron negados desde Madrid. Sin embargo, no lo han hecho.

Su apuesta se ha centrado en demandas que pueden ser importantes, pero que tienen mucho menos recorrido estratégico. No cabe olvidar que el PNV se ha jactado de haber hecho una excelente gestión pública sin contar con las transferencias que ahora reclama.

El orden de prioridades que Iñigo Urkullu marcó en el inicio de curso en Zarautz puede explicar esta decisión. «Primero, construir nuestro presente y proyectar nuestro futuro sumando fuerzas», todo ello referido a las próximas elecciones municipales y forales de 2011.

Desde esa perspectiva se entiende que el PNV quiera presentarse de nuevo como el partido capaz de conseguir cosas prácticas para la CAV, al tiempo que vuelve a poner en evidencia la ineficacia del gabinete de Patxi López, convertido de hecho en una mera delegación del Gobierno español.

Todo parece ir encaminado a presentarse ante el electorado como un partido pragmático, que sigue manteniendo un cierto pulso con el Estado al reclamar transferencias, pero que está lejos de las «aventuras» de antaño. Un partido capaz de lograr lo que el Ejecutivo de Lakua no puede o no quiere. Un partido al que poder fiar el gobierno de ayuntamientos y diputaciones, no como el PSE.

Lo que no cabe olvidar, en todo caso, es que aquello que hoy pretende conseguir el PNV es lo que prometió como panacea universal 30 años atrás y que hace décadas que tenía, por tanto, que haber estado en manos de las instituciones autonómicas. Hace más de seis años que Josu Jon Imaz, entonces presidente del EBB, afirmó «con rotundidad» que «apostamos por el reconocimiento nacional de Euskadi, no por dos transferencias más» (GARA, 23-5-2004).

El PNV está hoy en el centro de atención del escenario político. Su protagonismo es enorme. Y los resultados de su apuesta habrán de juzgarse, por tanto, en función de la oportunidad que tiene; de cómo la aprovecha y, sobre todo, de para qué utiliza el hecho de que Rodríguez Zapatero les haya entregado la llave de su futuro.