Catorce meses después de que Daniel Portero, presidente del colectivo ultraderechista Dignidad y Justicia, presentase el 29 de julio de 2009 una querella criminal en la Audiencia Nacional española contra los que por entonces figuraban en la directiva de la comparsa bilbaina Txori Barrote, cuatro de sus integrantes acudirán el próximo jueves como imputados en el juicio que se desarrollará en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, bajo la presidencia del magistrado Alfonso Guevara.

Portero acusa a los comparseros de ser los responsables de que las fotografías de los presos Harriet Iragi e Igor Solana, a quienes se condenó en el tribunal especial español por la muerte de su padre -el fiscal jefe de Andalucía, Luis Portero-, se encontrasen junto a las de casi un centenar de represaliados políticos bilbainos en la txosna de Txori Barrote en Aste Nagusia de 2008. En su escrito de acusación, el fiscal, Pedro Rubira, dice que quienes serán juzgado «no hicieron nada» para evitar la presencia esas imágenes, así como de «otra simbología de asociaciones ilegales como Askatasuna, relacionada con el MLNV».

En la querella presentada por el presidente de Dignidad y Justicia se relata que, en una de sus visitas a Bilbo durante Aste Nagusia, Daniel Portero, junto a su hermana y un amigo, tomaron fotografías de la txosna de Txori Barrote al estimar que en la misma se hacía «clara manifestación de apoyo, solidaridad y enaltecimiento de unos terroristas condenados por asesinato». No era la primera ocasión en que el ultraderechista buscaba una actuación policial y judicial contra algunas de las txosnas de las comparsas, ya que en 2007 trató de que se actuase contra Kaskagorri por las siluetas de unos comparseros presos que exhibía en su montaje.

En esta ocasión el proceso ha seguido adelante pues, en vez de efectuar una acusación general, Portero se presenta como una «persona ofendida y directamente perjudicada» por la exhibición en la txosna de Txori Barrote de las fotografías de Solana e Iragi.

Gurutze Olagorta, presidenta de la comparsa; Borja Irizar, tesorero; Aitziber Urrengoetxea, secretaria; y Alex Zuloaga, responsable de la txosna ante el Consistorio, se enfrentan a las peticiones del Ministerio Público y la acusación particular que ejerce Portero.

El fiscal solicita para cada uno 18 meses de prisión, periodo en el que pesaría sobre ellos inhabilitación absoluta. Por los mismos supuestos delitos de «enaltecimiento y justificación de los delitos de terrorismo y humillación a las víctimas de los delitos de terrorismo y de sus familiares», la acusación promotora de la querella reclama 2 años de cárcel, inhabilitación de 12 años, una indemnización de 12.000 euros «en concepto de los daños morales» y el pago de las costas de la acusación.

Al presentar la querella contra Txori Barrote, el 29 de julio de 2009, Portero solicitó al tribunal que, como medida cautelar, se ordenase al Ayuntamiento o a Bilboko Konpartsak que no se concediese licencia para el montaje de la txosna en el muelle del Arenal, en la que fue la última ocasión en que los del pájaro carpintero lo hicieron. El juez lo desestimó.

La novedad del caso

A pesar de que no es la primera ocasión en que se juzgan casos relacionados con la solidaridad para con los represaliados políticos vascos, sí es la primera en que es una acusación particular la que está presente y la promueve. El mismo presidente de Dignidad y Justicia fue el que, un año atrás, trató de promover una denuncia por «enaltecimiento del terrorismo» contra otra comparsa de Bilbo, Kaskagorri, por las caricaturas de comparseros presos que se mostraba en su txosna en la trasera del teatro Arriaga. Entonces, otro juez de la AN, Fernando del Olmo, no la tramitó y poco más se sabe de las diligencias previas 277/07 en el Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional.

Aunque está al margen de este proceso penal, fue el 30 de octubre de 2009 cuando el Ayuntamiento bilbaino informó de la apertura de un expediente sancionador a las comparsas perseguidas por Daniel Portero y su asociación por, al igual que la acusación del ultraderechista, exhibir fotografías de vecinos presos en sus txosnas. Se castigó así a dos de las comparsas más activas del olimpo festivo del Botxo por su voluntad de denunciar la vulneración de derechos básicos de los represaliados políticos vascos y mostrar su solidaridad hacia ellos y sus familiares.

Si Portero fundamentó sus denuncias en supuestos informes de la Ertzaintza, Guardia Civil y Policía, el alcalde, Iñaki Azkuna, lo hizo en base a un atestado elaborado por la División Antiterrorista y de Información de la Ertzaintza a las órdenes del consejero Rodolfo Ares. El documento policial fue entregado al Consistorio el 1 de octubre, una semana después de que el alcalde se comprometiese en un pleno ante PP y PSE a actuar contra las comparsas que hubieran exhibido fotografías de presos políticos en Aste Nagusia.

Castigo «ejemplar» de Azkuna

Para final de noviembre, a Kaskagorri y Txori Barrote no les quedaba más que la vía de los recursos administrativos y los juzgados para tratar de levantar el castigo de instalar sus txosnas en la edición pasada y en la próxima de Aste Nagusia. Todavía no se tienen noticias desde los tribunales, pero la presencia de ambas comparsas ha sido en las fiestas de 2010 aún mayor que en ediciones anteriores, concitando el apoyo del resto de integrantes de la federación y de la ciudadanía en general.

En la desestimación de las alegaciones formuladas, el Ayuntamiento fue más allá, al exigirles que, si quieren volver a levantar sus montajes en 2012, «seis meses antes» éstas y Bilboko Konpartsak deberán presentar «conjuntamente» un documento en el que se comprometan «a cumplir estrictamente lo prevenido en la Ordenanza de Fiestas y en la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo».

Los del pájaro carpintero, aunque aclaran que la actuación municipal busca en el fondo modificar el modelo festivo surgido en 1978 en Bilbo, remarcan que este tipo de actuaciones judiciales, policiales y municipales tienen algo en común: «Se busca ocultar la vulneración de derechos».