Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y los departamentos de Sanidad de las Comunidades Autónomas del Estado español negocian la renovación de los convenios de colaboración que permiten agilizar los trámites de bajas y altas médicas y que afectan a casi 16 millones de trabajadores.

Así lo ha reconocido la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) a la agencia Efe al explicar que desde el mes de julio están paralizados y a la espera de renovación los diferentes convenios individuales que suscriben las mutuas con las consejerías de Sanidad de cada gobierno autonómico.

Con excepción del Gobierno balear, el resto de ejecutivos autonómicos estudia desde hace dos meses la renovación de las firmas, por lo que los servicios sanitarios que reciben los trabajadores protegidos por estas mutuas se han ralentizado en algunos casos, según han confirmado a Efe fuentes del sector.

Fuentes de la AMAT dijeron que la asociación, que representa a 20 mutuas de accidentes de trabajo que protegen a 15,5 millones de trabajadores, envió en julio dos propuestas de colaboración a las diferentes consejerías y que «esperan respuesta».

Señalaron que el objetivo de estos convenios es «agilizar» y controlar la gestión de la incapacidad temporal, ya sea por accidentes profesionales o por contingencias comunes, con el fin de evitar las listas de espera de la sanidad pública. No obstante, estas mutuas se financian con un porcentaje de las cuotas que pagan los empresarios y los trabajadores a la Seguridad Social. Actualmente existen casi dos millones de empresas afiliadas a las mutuas de trabajo.

Los convenios de colaboración con las diferentes consejerías de sanidad pueden ser anuales o plurianuales, y dinamizan la gestión de las bajas y altas médicas en una empresa y los servicios sanitarios que requiere cada trabajador.

El Mutualismo es un sistema por el que los empresarios, sujetos a responsabilidad mancomunada, se asocian voluntariamente y sin ánimo de lucro, constituyendo las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales con el objeto de colaborar en la gestión de la Seguridad Social, bajo la vigilancia y tutela del Ministerio español de Trabajo e Inmigración.

La primera mutua de accidentes de trabajo en el Estado español se creó en 1900, al publicarse la primera Ley de Accidentes de Trabajo, que obligaba al patrono a indemnizar a los trabajadores accidentados con independencia de la existencia de culpa empresarial. Tras esta normativa, entre 1900 y 1921 aparecieron 18 mutuas de Accidentes de Trabajo.