Comenzar el nuevo curso reclamando el respeto de los derechos individuales y colectivos de las personas es un claro síntoma del déficit democrático que todavía sufre la ciudadanía a lo largo y ancho de una Unión Europea que, junto a Estados Unidos, alardea de ser el ejemplo del respeto y la defensa de unos valores universales que se suele resumir en la frase «todos somos iguales ante la ley». Pero de los dichos a los hechos, de lo que recoge la ley a lo que sucede en la vida real, va un largo trecho.

Por ello, ayer en muchas ciudades del Estado francés y de otros países del Viejo Continente, decenas de miles de ciudadanas y ciudadanos se vieron obligados a salir a las calles para exigir que esos principios que teóricamente constituyen la base de la construcción europea sean respetados al pie de la letra. Y lo hicieron bajo un lema tan estremecedor, por sus reminiscencias, como clarificador: «Frente a la xenofobia y la ley de la picota: libertad, igualdad y fraternidad».

Evidentemente, hemos dejado atrás los tiempos en los que se usaba la picota -aquel pilar de piedra colocado en un espacio público al que se encadenaba a las personas ajusticiadas para «servir de ejemplo»-, pero resulta muy significativo que, cuando han transcurrido más de doscientos años de la toma de la Bastilla, todavía sea necesario reclamar a las autoridades políticas que guíen sus actuaciones con los tres principios que han quedado adscritos en los libros de Historia a la Revolución francesa.

En términos generales, la expresión «democracia formal» suele utilizarse desde una óptica de izquierda progresista para denostar el funcionamiento de aquellos estados que, si bien amparan la participación ciudadana en la gestión de las instituciones políticas a través de las votaciones en elecciones o referendos, en muchas ocasiones supeditan la voluntad popular a los intereses de una élite económica o social determinada. Como es lógico, lo hacen cuando la opinión de la ciudadanía choca con esos intereses particulares.

No obstante, los «segurócratas» siempre tienen a mano argumentos populistas para intentar convencernos de que su objetivo último es fortalecer los pilares democráticos. Así lo hace ahora Nicolas Sarkozy, quien repetirá cuantas veces haga falta que su política no es racista y que personalmente no tiene ningún tipo de prejuicios contra el pueblo romaní ni contra los extranjeros en general, mientras los aparatos del Estado continúan expulsando a colectivos enteros acusándoles de fomentar la delincuencia y de alterar el orden social.

Sarkozy, además, no tiene empacho en asumir sus responsabilidades como «líder» con esa peligrosa actitud que antepone la visión personal de las circunstancias históricas a la voluntad popular: una vez ungido por las urnas, no tiene que responder ante nadie durante su mandato y, quizás, tampoco después de dejar el cargo.

Con ese mismo carácter de «iluminado» está vendiendo Tony Blair su libro de memorias, en el que, precisamente, justifica la decisión de invadir Irak como una actitud de responsabilidad personal: él tenía que actuar así porque estaba convencido de que el mundo corría un riesgo. Lo que opinara la sociedad británica era lo de menos, porque los ciudadanos de a pie nunca lograrán comprender cómo funcionan los entresijos que mueven la Historia ni por qué se les debe mentir para defender la democracia en el mundo. Eso sí, el ex primer ministro inglés no deja pasar la ocasión para «lamentar» en este libro todas las muertes que provocó la decisión del trío de -¿líderes o criminales?- las Azores. Como Bush y Aznar, Blair dice que lamenta las trágicas consecuencias de su decisión, no el haberla tomado. Y conviene recordar que esas decisiones influyen directamente sobre la vida de miles y miles de personas, en Europa y, en el resto del mundo.

En Euskal Herria, el próximo sábado

Sin ir más lejos, también en Euskal Herria es palpable ese déficit democrático que delata a la Unión Europea; incluso, parece más apropiado decir que en nuestro país es especialmente palpable y, en algunos aspectos, excepcional. Concretamente, en temas que para estados como Turquía resultan un impedimento en su aspiración de formar parte de la UE porque, según la misma, en materia de derechos y libertades no alcanza los supuestos mínimos democráticos. Resulta curioso que los tribunales turcos se hayan inspirado en resoluciones de tribunales españoles para ilegalizar formaciones políticas kurdas buscando, y pretendiendo haber encontrado, la legitimidad de flagrantes mutilaciones de derechos políticos y civiles en sentencias cuyo único objetivo es avalar las decisiones políticas de los poderes reales de un Estado, y que quienes por ello desautorizan a Turquía hagan la vista gorda y en algunos casos incluso respalden el despropósito original, el que surge en Euskal Herria por voluntad del Estado español. Curioso y cínico.

En este contexto surgió la iniciativa Adierazi EH! para reclamar «los objetivos democráticos más urgentes». La comparación con Turquía en modo alguno pretende ser una hipérbole; ciertamente, los derechos reclamados por Adierazi EH! se concretan, entre otros, en la excarcelación de presos que padecen graves enfermedades, la supresión de la incomunicación y tortura de los detenidos, la libertad de expresión o la legalización de organizaciones políticas. Se trata de exigencias mínimas en cualquier estructura social que se reclame democrática pero, a la vista de la interesada dejación de responsabilidades de los teóricos representantes políticos, están necesitadas del firme y masivo empuje de la ciudadanía.