En Hego Euskal Herria suman ya 170.159 desempleados y, de ellos, 56.050 personas no perciben prestación económica alguna. Los trabajadores vascos, sin embargo, aportamos al año a las arcas del Estado español de forma obligatoria más de 10.000 millones en cotizaciones sociales; de esa cantidad, 1.532 millones están destinados a cotizaciones por el desempleo. En este capítulo, entre 2006 y 2008 -cuatrienio sobre el que hay datos oficiales públicos- las arcas del Estado español han conseguido de los bolsillos de los alaveses, vizcainos y guipuzcoanos un superávit de 2.016 millones de euros entre lo cotizado y lo que el Estado español ha pagado. A pesar de ello, un tercio de los parados vascos inscritos se queda sin prestación.

Tiene que ser muy doloroso en la piel de quien no tiene un empleo, o éste es precario, estar escuchando el debate de intereses en el que se han enzarzado el PSOE y el Gobierno de Patxi López con el PNV a cuenta de la trasferencia de las políticas activas de empleo. Ni José Luis Rodríguez Zapatero, ni Patxi López ni Iñigo Urkullu quieren actuar sobre lo que se denomina eufemísticamente la caja única de la Seguridad Social, que es la manera de imponer a los pueblos del Estado español ese criterio uniforme de que aquí se hace lo que dicte Madrid. Sólo les interesa que lleguen recursos que, por otra parte, están y han estado en manos del Inem, pero que ni han servido para generar empleo de calidad ni mejores condiciones de trabajo y de prestación para los trabajadores, como se puede comprobar si se comparan los datos de paro, salarios, seguridad laboral y condiciones de trabajo con la media de los países de la Unión Europea. Hego Euskal Herria, con una tasa de paro del 12,44%, se encuentra casi tres puntos por encima de esa media y el Estado español tiene el récord.

Los mismos interlocutores que en Madrid han sido incapaces de actuar sobre una política que garantice condiciones sociolaborales de los trabajadores, en Hego Euskal Herria no lo van a hacer mejor con Lanbide, porque el problema está en el fondo: que se practica una política que sólo tiene en cuenta los intereses de los empresarios. La reforma laboral que se aprueba esta semana en Madrid es un claro ejemplo de esta situación injusta.