Agustín GOIKOETXEA |

“Libertad de expresión. Todos los derechos para todas y todos- Adierazpen askatasuna. Eskubide guztiak pertsona guztientzat” es el lema de la manifestación que hoy, a las 17.15, partirá de la Plaza del Sagrado Corazón de Bilbo. La marcha, tal y como se encargaron de explicar sus promotores ayer tarde, parte de la reflexión de que «sólo la participación popular y la movilización social pueden generar las condiciones para hacer efectiva una nueva situación donde todas las personas en Euskal Herria sean plenamente dueñas de sus derechos humanos, civiles y políticos».

Para cuando comparecieron en rueda de prensa Sabin Intxaurraga, Jone Goirizelaia, Bego Campo, Ander Rodríguez e Iñaki Zarraoa, a primera hora de la tarde en un céntrico hotel de la capital vizcaina, habían pasado ya unas horas de que transcendiese que la Fiscalía de la Audiencia Nacional española había solicitado que se prohibiese la segunda movilización convocada para hoy en Bilbo.

En el escrito remitido por el fiscal jefe, Javier Zaragoza, al juez Ismael Moreno se afirma  que «resulta obvio que la nueva convocatoria de manifestación, en este caso promovida por personas y entidades sin tacha de ilicitud, pero que se habían adherido» a la anterior, «puede ser calificada meridiamente de fraudulenta y dirigida a socavar la autoridad del poder judicial». Por ello, según el Ministerio Público, al tratarse de un «fraude de ley, cuyo único objetivo» es eludir la decisión adoptada el jueves por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 del tribunal especial español, «resulta constitucionalmente inobjetable y legalmente necesario» que el instructor «rechace de plano» la nueva iniciativa.

El fiscal jefe explica en su comunicación al magistrado que, en su opinión, la celebración del nuevo acto coincide en lugar y hora con el ya prohibido y que su lema “Libertad de expresión. Todos los derechos para todas y todos-Adierazpen askatasuna. Eskubide guztiak pertsona guztientzat”, no difiere «sustancialmente» del acto de la iniciativa Adierazi EH!, «indiciariamente vinculada con el frente político-institucional de ETA».

Así, el fiscal reclama al juez que «ordene «nuevamente a la Consejería de Interior del Gobierno vasco» que adopte las medidas necesarias para impedir su celebración, «evite la comisión de hechos delictivos y proceda a instruir las diligencias necesarias en relación con quienes participen en la ejecución de los mismos».

Anoche, la Audiencia Nacional no había dado ninguna respuesta a la petición fiscal, por lo que la convocatoria se mantiene en todos sus términos. El viernes, representantes de todos los partidos, sindicatos, agentes y personas individuales que apoyan la protesta ya habían dejado muy clara su voluntad de salir a la calle.

«Es imprescindible»

En Bilbo, Goirizelaia avanzó que, aunque conocían del recurso de Zaragoza, no iban a opinar en esa rueda de prensa. En ella, Campo, Rodríguez e Intxaurraga, en euskara, castellano e inglés respectivamente, se encargaron de dar lectura a un comu- nicado en el que animaban a marchar hoy desde el Sagrado Corazón al Consistorio bilbaino. «No entendemos la prohibición de la manifestación convocada para este fin de semana por una amplia mayoría social de este pueblo. Es –subrayaron– una clara vulneración del derecho a la manifestación y a la libertad de expresión».

En su llamamiento a la movilización, incidieron en que «es imprescindible crear una nueva situación en Euskal Herria, donde se respeten absolutamente todos los derechos para todas las personas. Una situación –remarcaron ante los numerosos medios de comunicación que acudieron a la cita– sin imposiciones y sin violencia». Además, resaltaron que «es urgente» para crear esa nueva situación hacer efectivos una serie de medidas, que son las que en los últimos meses han coincidido 42 agentes políticos, sociales y sindicales, y más de 150 ciudadanos a título individual, y que fue en junio germen de la marcha prohibida el jueves por la Audiencia Nacional, a petición también de la Fiscalía.

Así, citaron la importancia de la superación de toda situación de excepción o de violencia en el camino a crear otro escenario de convivencia en Euskal Herria.  Abundando en la reivindicación, explicaron que estiman imprescindible «detener todas las actuaciones que impliquen vulneración, limitación o negación de derechos, para llegar a un nuevo escenario de respeto de todos los derechos de todas las personas en el conjunto de Euskal Herria».

En segundo lugar, solicitaron que se garantice el ejercicio de los derechos civiles y políticos, derechos humanos, individuales y colectivos, en aspectos como el derecho a la vida y a la libertad. También en la repatria- ción de los presos vascos, así como la puesta en libertad de los represaliados que ya han cumplido la condena y de aquellos que están enfermos.

Tampoco faltó –como hicieran la víspera los representantes de los 42 agentes políticos, sociales y sindicales– la referencia a la necesidad de acabar «de inmediato» con la incomunicación y la tortura. Ante la prohibición de la marcha convocada por Adierazi EH! y la amenaza que pesaba aún sobre la que animaban a participar, adquirió más realce aún la petición de libertad de expresión para todas las personas, proyectos y opciones. Además, se reiteró la exigencia de legalización «inmediata» de partidos y organi- zaciones ilegalizadas, «y consecuente desactivación de los procesamientos, juicios y sentencias correspondientes.

Respecto a esta tabla reivindicativa, que se concreta en la superación de toda situación de excepción o de violencia y garantía del ejercicio de derechos, manifestaron que «hay de hecho un amplio consenso social y político en torno a las medidas mencionadas, y creemos además que es necesario seguir ampliando consensos».

Lakua «informó» esta vez

En la comparecencia del jueves de los 42 agentes políticos, sociales y sindicales que, junto a más de 150 ciudadanos, convocaban la primera marcha, se aludió expresamente a que el origen de la prohibición –lo dijo Arantza Fernández de Garaialde– partía del Ejecutivo de Lakua, lo que entendían como «sumamente grave y especialmente denunciable». Al Gabinete de Patxi López se le achaca usar «una vez más a la Audiencia Nacional española como instrumento» en el marco de «una oscura operación de caza de brujas y macarthysmo».

Ayer, fuentes del Departamento de Interior informaron a Europa Press que habían comunicado al tribunal especial español de la nueva convocatoria de movilización para hoy en Bilbo. Desde la consejería que dirige Rodolfo Ares se indicó que la Audiencia Nacional les había solicitado que, en el supuesto de que se convocara una nueva marcha tras la prohibición decretada, se les transmitiera esa información.

Las mismas fuentes precisaron que Interior no pidió la prohibición de la marcha de Adierazi EH!, sino que únicamente puso en conocimiento de este tribunal la convocatoria.

EA pide explicaciones

A este respecto, el parlamentario de EA en la Cámara de Gasteiz, Juanjo Agirrezabala, solicitó ayer la comparecencia urgen- te de Rodolfo Ares porque «es muy grave que sea su departamento el que diera el primer paso para criminalizar una iniciativa pacífica, civil y democrática que reivindica los derechos civiles y políticos empezando por el derecho a la vida».

Asimismo, Agirrezabala pidió copia de los informes enviados a la Audiencia Nacional. El representante de Eusko Alkartasuna denunció además que del auto del Juzgado Central de Ins- trucción número 2 del tribunal especial español se desprende que la información facilitada por Interior de Lakua «ha sido sesgada y parcial, ocultando tanto los objetivos de la manifestación, estrictamente pacíficos y democráticos, como la amplitud y pluralidad de sus convocantes: hasta 42 partidos,  sindicatos y asociaciones, además de 150 adhesiones a título personal».

«Ares –declaró Agirrezabala– tendrá que explicar en el Parlamento qué motivos ha tenido para poner en cuestión un derecho básico como es el derecho a manifestarse y también deberá aclarar si esas 42 organizaciones, esas 150 personas están siendo investigadas o perseguidas por la Ertzaintza. Debería saber que su labor no es hacer una caza de brujas, sino garantizar el ejercicio democrático».