La «Operación Pavo Real» fue televisada en directo para que todos los guatemaltecos comprobasen como su Gobierno combatía el mal. Aquella madrugada del 26 de setiembre de 2006, cientos de policías de las fuerzas especiales entraron en la prisión de Pavón para recuperar su control, en manos de algunos presos desde hacía años. Pero entre la multitud de agentes había un grupo muy especial. Vestían de negro, con capuchas, y portaban armas de gran calibre de fabricación israelí. Entraron en Pavón con una lista de siete personas y sus fotografías. Aunque al frente del comando iba el jefe de la Policía, Erwin Sperisen, ninguno de sus integrantes eran agentes oficiales. Ni siquiera lo era Sperisen, que había pasado directamente de ser «asesor de seguridad» a dirigir la Policía. Una vez los presos estuvieron bajo control, el grupo dirigido por Sperisen separó a los siete de la lista. Horas después aparecieron muertos y con signos de tortura.

Tras casi dos años de investigación, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el grupo de fiscales de la ONU que combate al crimen organizado allí, ha concluido que aquella operación ocurrió realmente así. Que los siete presos no murieron en un enfrentamiento armado con la Policía, sino que fueron «ejecutados extrajudicialmente» por orden de la cúpula del Ministerio de Interior durante el Gobierno de Óscar Berger (2004-2008).

Por eso, a principios de agosto, CICIG detuvo a la mayoría de los integrantes del comando. Sin embargo, los altos mandos, en su mayoría, han logrado librarse del arresto. El entonces jefe del Sistema Penitenciario, Alejandro Giammattei, trató de refugiarse en la embajada de Honduras pero tuvo que entregarse varios días después. Él ha sido el único en caer de aquella cúpula de Interior. Sperisen está asilado en Suiza; su superior, el ministro Carlos Vielmann, tiene pasaporte del Estado español y se encuentra en algún lugar de Europa, y el «número dos» de la Policía, Javier Figueroa, también está en el extranjero. Sobre todos ellos pesa una orden de detención internacional.

«Estas personas eran parte de una organización criminal conformada en el Ministerio de Gobernación (Interior) y la Policía Nacional Civil desde 2004 y estaban dedicadas a ejecuciones extrajudiciales en contra de privados de libertad. Esta estructura prosiguió con una actividad criminal continuada en delitos de asesinato, tráfico de drogas, lavado de dinero, secuestros, extorsiones y robos de droga», señala la acusación de la CICIG. Además de las siete muertes de Pavón, se les acusa de la ejecución de otros tres presos fugados a los que, supuestamente, persiguieron y, por separado, uno a uno, mataron.

Limpieza Social

La Presidencia de Óscar Berger supuso el retornó al poder político de una parte importante de la élite económica guatemalteca. El propio Berger está emparentado con los Widmann, poderosos azucareros, y en su equipo de Gobierno abundaron los representantes de familias adineradas. Es el caso del ex ministro del Interior Vielmann, que pasó directamente de ser presidente de la Cámara de Industria a ser la máxima autoridad en materia de seguridad, una cuestión crucial en uno de los países más violentos del mundo.

Vielmann, guiado por la idea de que los funcionarios de carrera eran corruptos e ineficientes, destituyó a toda la cúpula de Interior y nombró a personas de su confianza provenientes del sector privado. Al frente de la Policía colocó a Sperisen, que tenía apenas 34 años y provenía de un grupo privado dedicado a proteger a empresarios contra secuestros. Y éste nombró jefe de investigación criminal de la Policía a Javier Figueroa, un ginecólogo. Sperisen era, además, devoto de una iglesia protestante fundamentalista. En numerosas ocasiones se refirió a su misión de combatir la delincuencia como parte de una «guerra santa» y sostenía que en Guatemala se libraba una lucha a muerte entre el bien y el mal.

Las acusaciones de la CICIG han confirmado lo que siempre se sospechó sobre los métodos policiales implantados durante el gobierno Berger. Así, aún antes de estallara este escándalo, el director del diario «El Periódico», Juan Luis Font, escribía en un editorial: «¿Acaso no es el asesinato el método que siempre hemos privilegiado? ¿Acaso no lo ha usado el Estado, particularmente en las últimas dos administraciones de la derecha empresarial? ¿Acaso no sabemos todos que durante el Gobierno de Óscar Berger se llevó a cabo una campaña de limpieza social, se constituyeron de nuevo escuadrones de la muerte, se ejecutó, incluso dentro de prisión, a incómodos delincuentes, y que esa campaña, que costó más de 3.000 muertes, no solucionó nada?».

La persecución desatada contra miembros de la élite ha provocado la contraofensiva de los grupos más conservadores, como los colegios profesionales, que recientemente publicaron un comunicado protestando porque se investigue el asesinato de delicuentes antes que el de «ciudadanos honrados». En una entrevista televisiva, el vicepresidente del Colegio de Arquitectos, Sergio Rodríguez, presentó la muerte de criminales como algo inevitable, como «se atropella a un perro mientras se maneja».

Este discurso también ha calado entre una parte importante de la ciudadanía. En su mente aún está vivo el recuerdo de las imágenes transmitidas por televisión tras la toma de Pavón; el lujo en el que vivían algunos presos, sus electrodomésticos, aparatos de gimnasia, las mansiones -literalmente- que se habían construido en los alrededores de aquella cárcel los reos más poderosos, los que aún en prisión, seguían dirigiendo el narcotráfico y la industria de las extorsiones telefónicas.