Sin ni siquiera esbozar cuáles pudieran ser los delitos cometidos por los independentistas vascos detenidos ayer, el ministro español de lo que llaman Justicia, Francisco Caamaño, se apresuraba a asegurar que los arrestos demuestran que «en la lucha contra el terrorismo y la violencia no ha cambiado nada en absoluto, en contra de lo que algunos se empeñan a diario en reafirmar». El mismo mensaje fue después replicado por otros portavoces institucionales y políticos, y por sus altavoces periodísticos.

Decenas de guardias civiles conformaron los comandos desplegados sobre el terreno para una espectacular operación de propaganda armada cuyo fin es demostrar que el Gobierno de Zapatero es más duro que Harry el sucio; y que los sectores más alucinados de la ultraderecha que hablan de negociaciones están equivocados, puesto que las prácticas de Rubalcaba no tienen nada que envidiar a las de Mayor Oreja.

Por eso en estas operaciones los agentes uniformados no se acompañan de abogados que puedan asistir a los detenidos, sino de cámaras de televisión y fotógrafos que pongan imágenes al sonido que dicta el Ministerio de Interior.

Nueve cabezas de turco pasarán cinco días incomunicadas (esperemos que sólo sea eso y no se les apliquen técnicas internacionalmente denunciadas) y después irán a la cárcel (ya han sido condenadas en la plaza pública) para satisfacer las necesidades propagandísticas de un Ejecutivo acorralado.

¿Quién utiliza aquí la violencia con fines políticos?

El Gobierno vio satisfechos sus deseos y muchos informativos abrieron destacando un «nuevo golpe a ETA» a través de la «desarticulación» de Ekin, «columna vertebral» de la izquierda abertzale. Sin embargo, nadie detalló cuáles eran los delitos cometidos por estas personas. La simple mención de su supuesta pertenencia a Ekin parece justificar para políticos y periodistas que la Guardia Civil reviente de noche las puertas de sus domicilios, registre sus pertenencias y se los lleve en volandas hacia sus particulares calvarios.

Hace tiempo que en Euskal Herria se vive en una situación de estado de excepción, donde los derechos civiles y políticos están en suspenso -como se comprobó con las manifestaciones del pasado fin de semana- y donde los fundamentos de la justicia occidental (presunción de inocencia, acusación individualizadas, seguridad jurídica, derecho a la defensa, imposibilidad de causas generales) sólo están para ocupar espacio en los manuales.

Muchos de los detenidos y detenidas han desarrollado una actividad pública en el movimiento euskaltzale, en el feminista, en el juvenil... y han dado la cara públicamente por ello. Su militancia independentista es sobradamente conocida y notoria. Poco ha tenido que buscar Interior para encontrarlos, pues no vivían en la clandestinidad. Todo lo demás es simple verborrea justificatoria.

Si estos fueran, como dice Rubalcaba, los que desde la sombra «dirigían e instrumentalizaban a la izquierda abertzale», ¡chapeau por ellos!, pues a ellos habrá que agradecer la ilusionante apuesta por el uso exclusivo de vías políticas y pacíficas. Si, por contra, como nos dirán también, fueran de «los duros» que se resistían al cambio de estrategia, entonces se ha comprobado que no tenían tanto mando en plaza como pretende el Ministerio. Con cualquiera de estas dos excusas, su detención es injustificable y constituye un abuso.

Frente a la propaganda de que estas detenciones demuestran que el alto el fuego de ETA no influye al Estado, cabe asegurar que sin el comunicado del día 5 esta operación no se habría ordenado. A cada paso adelante de la izquierda abertzale, están intentando reventarlo de la misma manera. El 14 de noviembre de 2009 se hizo pública la Declaración de Altsasu y el 24 el juez Fernando Grande Marlaska mandó arrestar a 34 jóvenes independentistas. Y diez días después del Aberri Eguna de unidad abertzale, el mismo juez firmó otra redada, que incluía a tres abogados. En esas fechas, por cierto, la izquierda abertzale estaba ultimando un documento decisivo, en el que instó a ETA y al Gobierno español a responder de forma constructiva a la Declaración de Bruselas.

Por lo tanto, parece certificarse que este tipo de operaciones, firmadas casualmente siempre por el mismo juez, tienen la intencionalidad añadida de tratar de sembrar contradicciones en el seno de la izquierda abertzale y, quizá también, entre ésta y otros aliados. Pero lo único que van a conseguir a estas alturas es hacer sufrir a los detenidos y sus allegados.