El representate del Ministerio Fiscal, Juan Moral, no formuló ninguna pregunta a los testigos de la defensa sobre la relación que pudiera mantener Udalbiltza con ETA. Juan Moral defiende en su informe acusatorio que era ETA quien dirigía Udalbiltza y, por consiguiente, acusa a los 21 encausados, ex alcaldes y electos en su mayoría, de «integración en organización terrorista», además de «malversación de caudales públicos» a cinco de ellos. Pero en la sexta sesión del juicio que se está desarrollando en la Audiencia Nacional contra la institución nacional, se habló del consorcio como figura jurídica, de la forma de financiación tanto del Consorcio Udalbiltza como del Fondo de Cohesión Vasco o de la forma en que se contrataban a los trabajadores. Así que quedó en evidencia que lo que se está juzgando es la actividad administrativa de Udalbiltza, algo inusual en un juzgado de lo penal.

Tras el drástico recorte, realizado a principios de julio, a los testigos presentados por la defensa, sólo fueron once los que tomaron la palabra ayer. Entre ellos, la que fuera concejala de Eusko Alkartasuna en Ondarroa, Guruzne Osa, y el concejal independiente de Cortes, Cesareo Alba. Ambos explicaron que recibieron citaciones, firmados por alcaldes de diversas localidades vascas y que pertenecían a diferentes agrupaciones políticas, invitándolos a asambleas generales. Alba explicó que durante estos años «no se cambiaron los estatutos» de la institución y que los objetivos siempre fueron los mismos. Ante la insistencia del fiscal y de la acusación popular de demostrar que era la izquierda abertzale «el único grupo político que integraba Udalbiltza», Alba dijo que en las asambleas participaban representantes de «varios partidos» y que ninguno estaba por encima de otro.

El secretario municipal de Pasaia, Joseba Belaustegi, por su parte, explicó que elaboró un informó a petición del alcalde Juan Carlos Alduntzin donde aconsejaba que Udalbiltza fuera un consorcio. Teniendo en cuenta que Udalbiltza se creó como una institución «formada por municipios transfronterizos», Belaustegi explicó ayer que era éste el método más adecuado, ya que además «permitía cooperar con entes privados». Puso como ejemplo consorcios como Bidasoa Activa ¯agrupa a Irun, Hondarribia y Hendaia¯ o instituciones que integran municipios de Galicia y Portugal. También la secretaria de Oiartzun, Maribi Juaristi, aconsejó darle a Udalbiltza esta forma. Ambos, junto a la que fuera secretaria de Usurbil, Begoña Garmendia, aclararon que la creación de Udalbiltza se publicó en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, por lo que el proceso fue legal.

Aun así, el fiscal se centró en preguntarles a qué cargó pertenecía el alcalde cuando se decidió formar parte de Udalbiltza, dejando en evidencia que lo que le importa son las siglas.

Una de las declaraciones que aclaró que no hubo «malversación» o «desvió de fondos» fue la de José María Gorordo, ex alcalde de Bilbo. Gorordo explicó que pasó a formar parte del Tribunal Vasco de Cuentas en el año 2002. Según lo que pudo constatar cuando se fiscalizaron las cuentas de Udalbiltza en el año 2003 «no había anomalías o desvíos de cuentas». Además, Gorordo explicó que también el Tribunal de Cuentas español analizó las cuentas de Udalbiltza y que el resultado fue el mismo. Al fiscal se le ocurrió entonces, preguntar si más adelante no se volvieron a fiscalizar las cuentas, cuando éstas fueron bloqueadas por orden judicial.

Por último, también ofrecieron su testimonio tres empleadas de Udalbiltza, que hablaron sobre procesos de contratación y de la función que cumplían. Una de ellas gestionó el Fondo de Cohesión y explicó que el objetivo era desarrollar proyectos de cooperación.

La ex alcalde de Berriz, Rosa Ostogain (PNV), fue presidenta del Fondo Vasco y dijo que el fin era ayudar a países o municipios en desarrollo.