Las empresas y el sector público tendrán que pagar a sus proveedores en un plazo máximo de 30 días, según el acuerdo que han alcanzado el Parlamento Europeo y la presidencia belga sobre la nueva norma comunitaria para luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales. «Las pequeñas empresas europeas ya no sufrirán problemas de liquidez por culpa del retraso en el pago de sus productos por parte de autoridades públicas o grandes compañías», dijo ayer la negociadora por parte de la Eurocámara, la alemana Barbara Weiler. «El acuerdo significa que las pymes ya no se verán obligadas a servir como bancos para el sector público o para las grandes compañías», insistió la eurodiputada.