Bruselas abrirá un expediente a París por la expulsión de gitanos
La Comisión Europea dio ayer un vuelco en su evaluación de la política francesa de deportación de ciudadanos comunitarios de etnia gitana al anunciar que abrirá un procedimiento de infracción contra el Estado francés por discriminación, tras constatar que el Gobierno instruyó a la Policía para que actuara contra esa etnia. Bruselas dijo «basta» a la actitud «vergonzosa» de París.
GARA
La divulgación de una circular del Ministerio francés de Interior, con fecha del 5 de agosto, en la que se pedía de forma específica a la Policía que se desmantelaran «con prioridad» los campamentos de gitanos, ha col- mado la paciencia de la Comisión Europea (CE), que ha dicho «ya basta». por boca de su comisaria de Justicia, Viviane Reding.
«La discriminación por etnia o raza no tiene lugar en Europa es incompatible con los valores de la Unión Europea (UE)», aseguró Reding ante la prensa.
Reding mostró estar muy molesta por el hecho de que, en una reunión con dos miembros del Gobierno francés el pasado 31 de agosto en Bruselas, éstos le aseguraran que las medidas de París contra los gitanos de otros países de la UE se hacían respetando las normas comunitarias y no se dirigían contra grupos étnicos específicos, informó Efe.
La comisaria, en un tono muy duro, consideró «una vergüenza» esta situación, tanto por la discriminación como por el hecho de que una parte del Ejecutivo francés dijera una cosa en Bruselas mientras se decía otra en París. «Si no podemos confiar en las garantías dadas por dos ministros en una reunión formal, el papel de la CE se hace muy difícil», insistió.
«No perdamos tiempo»
En estas circunstancias, manifestó que tiene la intención de recomendar al presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, que «acelere la apertura de un procedimiento de infracción para que no perdamos tiempo», afirmó la comisaria luxemburguesa. «Espero que el colegio de comisarios pueda tomar una decisión en las próximas dos semanas», añadió.
Según Reding, el Estado francés ha aplicado de forma discriminatoria la directiva europea de libertad de circulación de ciudadanos comunitarios y, además, no ha aplicado en su derecho nacional todas las garantías que incluye la normativa europea.
«Estoy personalmente convencida de que la Comisión no tendrá otra opción que iniciar un procedimiento de infracción contra Francia», indicó.
La comisaria reconoció que nunca pensó que tuviese que volver a ver una situación de este tipo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Añadió que el análisis legal preliminar ya dejó claro que las medidas francesas serían consideradas ilegales si se confirmaba que iban dirigidas a un cierto grupo por nacionalidad, raza o etnia, lo que ha confirmado la existencia de la citada circular.
El Ministerio francés de Interior anunció el lunes que su titular, Brice Hortefeux, firmó una nueva orden gubernamental que precisa las condiciones de evacuación de campamentos ilegales y que excluye la mención explícita a los gitanos, pero la existencia del documento anterior del 5 de agosto ha sido bastante para Bruselas.
El procedimiento de infracción, que puede durar años, es el principal medio a disposición de la CE para castigar a los estados que no respeten la legislación europea y, tras una serie de pasos, puede acabar con la comparecencia de un Estado ante el Tribunal Europeo de Justicia en Luxemburgo, que tiene la potestad de condenar. Comienza con el requerimiento de un informe al Estado expedientado, para que presente sus observaciones.
En el caso de ser consideradas insuficientes por Bruselas, la Comisión envía un dictamen motivado que constata la existencia de una infracción y la detalla, y concede un plazo para poner fin a la misma. A falta de una respuesta o si ésta no es satisfactoria, la CE puede apelar al Tribunal Europeo de Justicia.
Sorpresa francesa
El Ministerio francés de Exteriores se mostró «sorprendido» al conocer el anuncio de la comisaria de Justicia, y añadió que «pensamos que no es con este tipo de declaraciones como se mejora la situación de los gitanos, que son quienes están en el corazón de nuestras preocupaciones y de nuestra acción». Un portavoz indicó que «ahora tenemos que trabajar a favor de la población gitana».
En cambio, la declaración de Reding fue acogida satisfactoriamente por varios grupos del Parlamento Europeo, cuyo pleno la pasada semana reprochó a la Comisión Europea lo que consideraba como tibieza de Bruselas ante la nueva estrategia de seguridad del Gobierno del presidente francés, Nicolas Sarkozy.
El presidente del grupo liberal, el ex primer ministro belga Guy Verhofstadt, afirmó en un comunicado que el anuncio de Reding «confirma que teníamos razón» en la Eurocámara acerca de la dudosa legalidad de las medidas francesas.
Para Daniel Cohn-Bendit, presidente del grupo de los Verdes, «se trata de una oportunidad de oro para que Barroso salve el honor de la Comisión», ya que «más vale tarde que nunca», por lo que hace falta que Bruselas «pase a la acción ahora».
Para la Red Europea Contra el Racismo (ENAR), la circular del 5 de agosto «contradice claramente las garantías dadas previamente por miembros del Gobierno francés» acerca de que no se perseguía a «grupos étnicos específicos».
La prohibición de llevar velo integral en todos los espacios públicos de del Estado francés quedó ayer definitivamente plasmada en ley, después de que los senadores aprobaran un texto que ha levantado gran polémica en el país.
La ley ya recibió el respaldo de la Cámara de Diputados en julio y ahora debe pasar el examen del Consejo Constitucional. Éste dispone de un mes para pronunciarse sobre la ley que, de pasar este último trámite, puede entrar en vigor en primavera de 2011.
Las dudas jurídicas sobre la prohibición del velo integral son las únicas que han generado división entre la clase política francesa, masivamente favorable a prohibir un atuendo que considera contrario a los principios de la República. Por eso, la polvareda levantada en la calle no se corresponde con la unanimidad lograda en las cámaras, donde ha sido aprobada casi sin oposición. GARA
Alrededor de 160 gitanos de origen rumano fueron deportados ayer a Bucarest desde París. Setenta más, doce de ellos niños, partieron de Marsella.
Un día después de que el rotativo «Le Monde» acusara al Ejecutivo galo de espionaje en relación al «caso Bettencourt», se multiplicaron las críticas contra el presidente, Nicolas Sarkozy, al que se acusó de «atacar» los principios de la República, tanto por esta cuestión como por su política contra los inmigrantes.
«Despilfarro», «perversión», «colapso moral»... De izquierda a derecha, muchas voces denunciaron un «nuevo escándalo del Estado», y en algunos círculos se habla ya del inicio del fin de la era Sarkozy.
«El gran problema -explicó el director de Le Monde, Eric Fottorino es que la Presidencia ha utilizado los servicios de inteligencia con un fin privado, para favorecer los intereses de un determinado partido político, que es el que está en el poder». GARA