La Cámara investigará si Lakua dio trato de favor al grupo de De Miguel
Los grupos parlamentarios de PSE, PP, EA, EB y UPyD en la Cámara de Gasteiz registraron ayer la propuesta de creación de una comisión de investigación sobre las contrataciones del Gobierno de Lakua con los empresarios implicados en el llamado caso De Miguel, para ver si hubo irregularidades o trato de favor. También se indagará en las relaciones entre ertzainas y algún imputado. Todo ello con el fin declarado de determinar responsabilidades políticas.
Iñaki IRIONDO
El llamado caso De Miguel ya es oficialmente un asunto parlamentario. José Antonio Pastor (PSE), Leopoldo Barreda (PP), Juanjo Agirrezabala (EA) y Gorka Maneiro (UPyD) registraron ayer la solicitud de creación de una comisión de investigación, firmada también por Mikel Arana (EB), para lo que cuentan con una mayoría holgada.
El pasado 17 de marzo, la Ertzaintza detuvo a ocho personas, todas ellas vinculadas al PNV, que el mismo día fueron puestas en libertad con cargos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y otros delitos económicos. Entre los detenidos figuraban Alfredo de Miguel, diputado de Administraciones Públicas y hombre fuerte del PNV en Araba; Alfonso Arriola, ex gerente del Parque Tecnológico de Miñano y asesor del Tribunal de Cuentas; y Aitor Telleria, miembro del ABB. A los ocho se les unirían después como imputados Gurutz Larrañaga, ex viceconsejero de Cultura de Lakua, y Julián Sánchez Alegría, ex presidente de Parques Tecnológicos de la CAV.
Tras las primeras acusaciones, que, según informaciones periodísticas, se centraban en el cobro de comisiones por adjudicaciones de contratos en torno al parque tecnológico de Miñano, comenzó a aflorar la posible existencia de contratos irregulares del Departamento de Cultura de Miren Azkarate con este grupo de empresas. Contratos pagados pero que no consta que hayan sido ejecutados.
También hay noticias sobre la intención de recalificar grandes cantidades de suelo en varias localidades de Araba y Bizkaia.
A todo eso se unió la posible existencia de indicios de espionaje a determinadas personas alavesas, cuyos datos aparecieron en poder de Aitor Telleria y habrían sido obtenidos con la ayuda de dos ertzainas de la División Antiterrorista y de Investigación, a los que Interior ha abierto expediente y trasladado a patrullar calles.
«Responsabilidades políticas»
El objeto de la comisión de investigación parlamentaria, según describen sus promotores, será determinar cuál ha sido la implicación de la Administración autonómica y sus sociedades públicas en estos hechos supuestamente irregulares que se produjeron durante el mandato de Juan José Ibarretxe. Y, una vez conocidos los datos, establecer las posibles responsabilidades políticas.
La determinación de crear esta comisión de investigación partió de PSE y PP. Araba es terreno de disputa electoral entre ambos partidos y el PNV. Desde el PP no sólo se criticó a los jeltzales, sino también al PSE por los acuerdos que mantiene con ellos, por ejemplo en la Caja Vital, y que se renovó además en uno de los momentos de mayor incidencia mediática del caso.
En una situación delicada se encuentra EA, socio del PNV todavía en la Diputación de Araba y del tripartito de Lakua sobre el que caen las sospechas. En cualquier caso, el ente foral alavés no parece implicado ni tampoco las áreas de EA en el anterior Gobierno. El parlamentario de esta formación, Juanjo Agirrezabala, explicó ayer que su apoyo a la Comisión responde al «código ético» de su formación que defiende que «hay que apoyar todas las investigaciones dirigidas a depurar todo tipo de responsabilidades buscando la transparencia».
La comisión tardará todavía meses en constituirse.
Portavoces del PNV y Aralar coincidieron en criticar la existencia de intereses electoralistas de PSE y PP en la iniciativa, aunque no se opondrán a ella.
Joseba Egibar apuntó que aunque formalmente se recoge la presunción de inocencia de los encausados, ha escuchado declaraciones de un parlamentario del PSE que «hablaba de afiliados del PNV como delincuentes». «De esto se puede desprender la vocación de la Comisión de investigación», concluyó. A su entender, «la creación de una comisión no se puede acompañar de declaraciones políticas anunciando las conclusiones». Por ello, el grupo jeltzale presentará una enmienda a la totalidad, aunque no se opondrá a la creación.
La portavoz parlamentaria de Aralar, Aintzane Ezenarro, por su parte, anunció que aunque no ha firmado la petición, la apoyará. Justificó su postura aduciendo que no quieren entrar «en el juego electoralista y mediático del PP y del PSE», que proponen la creación de una comisión en el Parlamento pero no quisieron apoyar la solicitud que en meses anteriores hizo Aralar para que también se investigara el caso en las Juntas Generales de Araba . GARA
