En el Estado español la preocupación por la detención de una persona se multiplica, especialmente cuando el detenido es vasco, por la vulneración de derechos que habitualmente conlleva. Por eso resulta sumamente preocupante la incomunicación a la que están sometidos los nueve detenidos el pasado martes, más aún cuando el juez que ordenó las detenciones ha denegado el hábeas corpus solicitado por los abogados de éstos y la aplicación de cualquier otra medida para prevenir torturas y malos tratos. En el caso de los ciudadanos vascos detenidos, no sólo la experiencia, sino numerosas y prestigiosas organizaciones que trabajan en el campo de los derechos humanos, incluida la ONU, aconsejan la adopción de medidas que garanticen un trato correcto a los detenidos, es decir, el respeto de todos sus derechos. Sin embargo, no es la primera vez que un juez instructor de la Audiencia Nacional española se niega a aplicar esas medidas, lo cual no hace sino acrecentar la sospecha de que los malos tratos en dependencias policiales españolas son consentidas y que el máximo responsable de la seguridad de las personas detenidas, es decir, el Ministerio del Interior y, por tanto, el Gobierno de Madrid, utilizan la incomunicación, procedimiento que propicia y oculta los malos tratos, como instrumento en su estrategia represiva.