Con el argumento de que se quiere cerrar el camino a la Iglesia católica para que inmatricule más bienes públicos, UPN se opuso ayer en el Parlamento a que, en el plazo de seis meses, el Gobierno de Nafarroa ponga a disposición de las entidades locales los medios técnicos, económicos y personales necesarios para realizar los respectivos inventarios de bienes.

En la moción, presentada por NaBai y apoyada por PSN, IUN y CDN, también se insta al Gobierno a poner a disposición de las entidades locales los medios necesarios para inmatricular en sus respectivos registros de la propiedad, en concepto de bienes comunales o propios, todos los inmuebles de los que sean titulares.

En la exposición de motivos de la propuesta, Patxi Zabaleta recordó que la formalización de los inventarios de bienes es «una obligación legal de todas las administraciones públicas y en concreto de los entes locales», pero constató que esta obligación «se suele incumplir con frecuencia».

Como ejemplo, el portavoz de NaBai aportó el dato de que, según recoge el informe de la Cámara de Comptos, este inventario de bienes no se encuentra debidamente actualizado en más del 80% de las entidades locales de Nafarroa.

«La obligación de que las entidades locales hagan inventario de sus bienes se recoge en una norma de 1925, año en el que se hizo el Reglamento de Administración Municipal de Navarra. Esa norma no se ha cumplido, y una de las consecuencias de que no se cumpla esta obligación -recordó Zabaleta- ha sido la usurpación de bienes comunales. Si esos bienes hubiesen estado inscritos a nombre de los ayuntamientos y concejos, no hubiese sido posible que otros los hubiesen inmatriculado».

Asimismo, señaló que numerosos edificios religiosos han sido inscritos por la Iglesia al amparo de las actuales leyes hipotecarias, «que datan de tiempos de Aznar pero que repiten la legislación franquista».

Para justificar su voto en contra, UPN también argumentó que «no es competencia» del Gobierno, y Zabaleta replicó que sí, tal como recoge un decreto sobre bienes municipales de 1990. «En ese decreto -indicó- se establece que el Gobierno tiene que recibir todos los años el inventario de bienes de las entidades locales, pero ese inventario no se hace y el Ejecutivo tampoco lo reclama».

Patxi Zabaleta respondió a UPN que los ayuntamientos «tienen la obligación de defender sus bienes», y añadió que «los defenderían con eficacia si cumpliesen estas normas».

Circuito de Urantzia

En el pleno de ayer IUN y NaBai también propusieron crear una comisión de investigación para clarificar las presuntas irregularidades en la actuación económica del Gobierno, con fondos públicos, en el circuito de velocidad de Urantzia. A petición del PSN, la propuesta fue retirada y pospuesta para otra sesión.