El sindicato LAB impulsará una dinámica de lucha que condicione «la unidad de acción» entre las grandes empresas del sector de la construcción y las administraciones públicas en Gipuzkoa. Así lo hizo saber ayer el responsable nacional del sector de la construcción del sindicato, Jabi Amorrortu. «Tenemos que meter a ambos en un debate sobre la necesidad de que se garantice el cumplimiento del convenio provincial», dijo.

En definitiva, el objetivo de LAB es «iniciar una campaña de concienciación civil de la problemática que está generando en Gipuzkoa el incumplimiento del convenio». Un incumplimiento, que según aseguró Amorrortu, es constante, ya que, según explicó, las empresas han fomentado una subcontratación basada en el «mínimo coste posible» dando así una entrada masiva en el sector «a trabajadores sin convenio».

«Cada vez son más los trabajadores explotados y obligados a trabajar en régimen de semi esclavitud», denunció. Una realidad que a su vez afecta al resto de trabajadores, ya que «bajo el chantaje de mantener el empleo se está dando una equiparación de condiciones laborales pero a la baja», aseguró.

En cuanto a la mesa de negociación del convenio está bloqueada después de que en la última reunión la patronal decidiera iniciar una serie de contactos bilaterales con los sindicatos, una medida que es rechazada por la LAB por entender que «desfigura totalmente la negociación».

Por ello, con el inicio del nuevo curso político LAB iniciará una dinámica de dos vertientes: una política, de interpelación y exigencia de medidas a la administración pública, y otra sindical, de cara a las empresas principales «que controlan el sector». «Pretendemos la deslegitimación de la patronal que es la principal responsable de la regulación del modelo de relaciones laborales, y a la vez, generar un coste político a la administración que no debería dar dinero público sin ningún tipo de control sobre su utilización», explicó el representante de LAB.

Para ello pretenden abrir una ronda de contactos con los partidos políticos para acordar un protocolo para el uso de todo capital público. Toda empresa que opere en obras de Gipuzkoa debería cumplir este protocolo, que contemplaría medidas de control que garanticen el cumplimiento del convenio.

Dentro de la dinámica sindical, LAB quiere articular una «lucha eficaz» que «desenmascare a los grandes beneficiarios de la situación, las grandes constructoras», de quienes afirmó »usan la subcontratación y el incumplimiento del convenio como fuente de acumulación de capital».