E l pasado domingo el Grupo de gobernadores y jefes de supervisión del Comité de Basilea llegó a un acuerdo, esta vez definitivo -el alcanzado en julio era al parecer un acuerdo preliminar-, sobre las nuevas normas para regular la actividad bancaria Basilea III. Los cambios propuestos serán ratificados en la cumbre de noviembre del G-20 en Seúl y posteriormente se pondrán en marcha durante un largo periodo que concluirá el 1 de enero del año 2019; todo sea que no haya damnificados.

Las novedades de este nuevo acuerdo no son especialmente revolucionarias. Respecto a la capacidad de crear dinero por parte de los bancos utilizando para ello los depósitos de los clientes, tal y como se describió en GARA (15/8/2010), no hay modificaciones sustanciales. Se crean dos nuevos coeficientes que influyen en este apartado.

Uno de ellos se llama Coeficiente de Cobertura de Liquidez y entrará en funcionamiento en enero de 2015. Este coeficiente busca medir la cantidad mínima de dinero líquido que los bancos deben matener en, digamos, ventanilla para atender las demandas de devolución de dinero de la gente en culquier momento y especialmente en momentos de crisis -estrés dicen ellos-; como por ejemplo, pérdida por parte del banco de tres puestos en la escala de calificación, salida masiva de depósitos, etc. Hablan de dinero líquido y no efectivo porque, además de efectivo, consideran que es líquido el que está invertido en deuda pública, bonos y valores con garantía del Estado, depósitos en los bancos centrales, etc; vamos, que no hace falta que lo guarden en las sucursales. Hasta su entrada en vigor en 2015 se observará cuál es su impacto.

El otro es el Coeficiente de Financiación Estable que relaciona los créditos a largo plazo con la forma en que se financian esos créditos. Con este coeficiente tratan de acotar la capacidad de los bancos de dar créditos a largo plazo utilizando el dinero de los depósitos a la vista o dinero depositado a corto plazo y que, además de crear dinero, les permite obtener grandes beneficios porque el dinero a largo plazo es siempre más caro de conseguir que el dinero a corto. La diferencia de intereses entre el largo y el corto plazo les permite acumular pingües beneficios. Este segundo coeficiente no se introducirá hasta 2018 y hasta entonces estará también en estudio.

Con estos dos coeficientes pretenden poner unos límites generales a la forma de operar de los bancos sin poner en cuestión el modelo de fondo: es decir, la capacidad de los bancos de seguir siendo fábricas de dinero. De esta forma esperan evitar que ocurra lo sucedido durante la actual crisis, que el dinero desaparezca. Sin embargo, el problema está en el modelo, no en los límites. Estos dos coeficientes servirán al fin y a la postre para evitar excesos, pero poco más.

La mayor parte de los cambios propuestos en el acuerdo de Basilea III van por otros derroteros. Así, en vez de fijarse en la operativa de los bancos, aparte de los dos coeficientes arriba reseñados, se centran en determinar cuál ha de ser el capital mínimo que ha de tener un banco para poder operar.

Cuando se crea un banco, como cualquier otra empresa, se suelen emitir acciones, a no ser que el impulsor tenga bastante dinero, en cuyo caso con que lo ponga él mismo es suficiente. Estas acciones se cambian por dinero que pasa a formar el capital de la empresa, como bien saben los accionistas de este periódico. Ese capital permite hacer inversiones y es la garantía frente a posibles deudas. La actividad económica de esa empresa o banco puede dar beneficios o pérdidas. Las pérdidas deben ser pagadas con el capital inicial, con lo que éste disminuye. Los beneficios pueden ser repartidos entre los propietarios o pueden ser guardados en forma de reservas, en cuyo caso el capital aumentará al sumarse al capital inicial las reservas no distribuidas entre los accionistas. A este capital se le llama Core Capital o, para entendernos, «capital pura cepa».

En un banco la situación es exactamente la misma. Lo que ocurre es que hasta ahora un banco podía manejar un balance 50 veces mayor que su «capital pura cepa»; es decir, podía tomar prestado dinero y prestar dinero hasta 50 veces su capital. No es difícil darse cuenta de que, a nada que tuviera algunos problemas con algunos de esos préstamos, la cantidad de capital que poseería para hacer frente a posibles pérdidas sería ridícula: el 2% del total. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido con las quiebras de los bancos, que no tenían capital suficiente para pagar las pérdidas y los gobiernos han sido los que han pagado esas deudas con la intención de evitar el efecto dominó que hubieran tenido esas deudas sobre el conjunto del sistema. Pues bien, ahora el nuevo acuerdo propone subir el capital mínimo del 2% al 4,5%; es decir, que las operaciones de los bancos podrán ser hasta 22 veces mayores que su capital. A esto hay que añadir un colchón de seguridad de otro 2,5%, lo que hace un total de 7%. Así que las operaciones podrán ser casi 15 veces su capital. No está mal, pero la garantía continúa siendo bastante escasa.

Un banco, como por ejemplo el Santander, tiene un «core capital» de alrededor de 73.000 millones de euros según el balance del año 2009. El consejo controla solamente el 3,51% del capital total. Dentro de ese consejo, la familia Botín detentará alrededor del 2%. Bien, pues con ese 2% controla el banco: un capital de 73.000 millones de euros. Pero hay todavía más; el banco Santander tiene un balance de 1,15 billones de euros, algo más que el PIB del Estado español, lo que quiere decir que realiza operaciones por un valor superior catorce veces a su capital. Con la nueva regulación todavía tiene margen para aumentar su actividad sin incrementar su capital. Desde el punto de vista del balance del banco en su conjunto, la familia Botín controla préstamos y créditos por un montante de alrededor de 787 veces su capital, un poder enorme en relación con la inversión hecha en el banco.

Ninguna empresa industrial se puede permitir mantener esa proporción de deuda en relación con su «capital pura cepa». Los bancos, además de crear dinero, tienen un poder inmenso sobre el conjunto de la economía. Y ese poder se concentra en muy pocas manos.

No sólo han cambiado los porcentajes de capital, también han cambiado la definición. Hace unos años los bancos de Gran Bretaña convencieron a las autoridades de que la deuda también era capital. Una idea realmente curiosa porque las deudas hay que devolverlas y no sirven para pagar las pérdidas. Inventaron los híbridos, unos préstamos con unas condiciones especiales que la agencia de calificación Moody's consideró como capital en una proporción de 25%; el 75% restante era deuda. Conseguida la calificación, se popularizaron rápidamente: los bancos podían inflar sus balances a la vez que cumplían los requisitos de capital a un coste menor que con la emisión de acciones y los prestamistas recibían un interés mayor y el capital al vencimiento. En el Estado español estos híbridos se han llamado Subordinadas y Preferentes. Todo el mundo ganó hasta que llegó la crisis y lo que estaba calificado como capital resultó ser lo que era, deuda; y lo que parecía un banco solvente era en realidad una empresa en quiebra que finalmente fue rescatada. De ahí el empeño del acuerdo Basilea III por aumentar las exigencias de «capital pura cepa» y eliminar de la contabilidad de tal capital todas esas innovaciones financieras.

Las nuevas definiciones clarifican las cosas, pero no por ello los nuevos requisitos introducen más estabilidad al sistema. La historia de los híbridos ilustra perfectamente la actuación de los actores en el teatro de operaciones de las finanzas: el gran poder de la banca no deja de maquinar nuevas estratagemas para seguir ganando más todavía y acrecentar su ya inmenso poder. Los organismos que deberían regular su actividad dan el visto bueno a todo lo que la banca les presente, Más que regular, dejan hacer. Y por último, el estado se hace cargo de los desperfectos y de pagar las facturas con el dinero de todos.

Bancos y cajas ya están enzarzados en una discusión sobre la interpretación de las nuevas normas; ya están buscando nuevos modos de eludir una normativa que entrará en vigor dentro de casi 10 años. Continúan con sus arriesgadas prácticas a sabiendas de que los beneficios se los embolsarán ellos mientras que los costes se los endosarán a la sociedad. No olvidemos que los bancos son las empresas que más ayudas estatales han recibido y, por otro lado, la minería por ejemplo, no puede recibir subsidios por aquello del libre mercado. Es lo que tiene detentar el poder, que haces las normas para aplicárselas a los demás, nunca a ti mismo. Cambios para que nada cambie.