La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, y el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, reclamaron ayer que el texto de la futura Ley de Víctimas descarte cualquier «nuevo diálogo o negociación con ETA». Instaban así a los partidos a comprometerse con dos ideas básicas: «no se puede negociar», ni tampoco «pagar ningún precio político» por la paz. El de ayer es un nuevo ejemplo de cómo la opción de hacer política de la mano de las víctimas instrumentaliza el sentimiento de venganza y dolor para perpetuar el conflicto; y, por otra parte, indica la necesidad de un nuevo enfoque, diferente y de futuro, de cara a abrir horizontes de solución y reconciliación.

Con el peligroso precedente de la llamada Transición, además de no estar en condiciones de dar lecciones sobre víctimas, el Estado repite el error y la irresponsabilidad. Reconocer que hay víctimas por ambas partes, trabajar la empatía y hacer de ellas mensajeras de esperanza y nuevos tiempos sería técnicamente suficiente como nuevo punto de partida. Pero ésta es una ley cuyo propósito es perpetuar el conflicto. Una ley para la no solución.

El conflicto armado que durante el último medio siglo se ha desarrollado en este país arroja datos y realidades que generan un dolor efectivo que nadie puede negar. Con casi 1.300 muertos entre acciones armadas, parapoliciales y represivas, con miles de heridos y personas amenazadas por las diferentes partes, con varios miles de detenidos y torturados, las víctimas son, además de una realidad insoslayable, un tema que merece ser abordado en clave de solución y futuro. Construir y asentar unas bases para la convivencia en este país desde un esquema de reconciliación y superación del conflicto requiere un doble cometido: Abandonar la mentalidad de venganza y utilización del dolor para mantener el conflicto, y los intereses y sustentos creados en torno a él; e instaurar la pedagogía de un nuevo talante constructivo, desde el reconocimiento colectivo del dolor pero sin reconocer capacidad a ningún particular para el veto vengativo.