«El objetivo que perseguimos es decir no a las prohibiciones de manifestaciones porque, en un momento muy importante y delicado en este país, no se puede impedir que las personas se manifiesten a favor de los derechos humanos, civiles y políticos y, además, incluyendo en primera fila, el derecho a la vida y a la libertad», subrayó el letrado Félix Cañada que, junto a Maixux Rekalde, se encargó de ejercer de portavoz de los promotores de la iniciativa.

La marcha, que partirá a las 17.00 desde la plaza Aita Donostia y finalizará frente al Consistorio, tiene como lemas: «No a la prohibición de manifestaciones. Ninguna imposición, ninguna violencia. Sí a los derechos humanos, civiles y políticos». Tal y como avanzaron Cañada y Rekalde, en castellano y euskara respectivamente, ayer comenzaron los contactos con partidos políticos, sindicales y agentes sociales para transmitir el objetivo de la movilización y conseguir su adhesión; también comunicaron la convocatoria al Departamento de Interior.

A preguntas de los periodistas, los convocantes remarcaron que la marcha del 2 de octubre no es una réplica a las marchas prohibidas por el juez Ismael Moreno y sí una «crítica seria de la sociedad civil, porque el sistema político y judicial no está en condiciones de respetar derechos civiles y políticos. Es -incidió Cañada- una protesta rotunda y nueva», lo que no le impidió, a título particular, censurar que los autos judiciales eran lo que los letrados llaman «derecho penal del enemigo», fundamentado en informes policiales «sesgados» carentes de «objetividad e imparcialidad».

El abogado, que citó en varias ocasiones la sentencia de «Egunkaria» que desautorizó los informes periciales de la Policía española y la Guardia Civil, califi- có de «absolutamente desacertada» la lectura que hicieron ambos cuerpos y la Ertzaintza sobre los objetivos que perseguían los impulsores de las anteriores marchas.

«Viendo que la gente estaba apoyando aquello, no se puede decir, salvo que se quiera no ajustarse a la verdad y la realidad, que aquello se estaba haciendo siguiendo instrucciones de ETA y que aquello era un sucedáneo de Batasuna», declaró.

Reacción social imprescindible

Félix Cañada fue más allá en su reflexión y dijo que la sociedad civil debe reaccionar y defender sin cesar los derechos civiles y políticos para «poder construir una democracia en paz y por las vías políticas». Aquí, remarcó que está en la mano de la ciudadanía vasca rebelarse ante resoluciones judiciales que «cercenaron derechos».

Ante la hipótesis de que la situación vuelva a repetirse en esta ocasión, otro de los participantes en la rueda de prensa, el catedrático de la UPV-EHU Ramón Zallo, dijo que de materializarse «estaremos sumidos en un estado de excepción permanente y, por tanto, se estaría en un estado autoritario. Esperemos -apostilló- que no llegue la cosa hasta ahí, porque, en ese caso, habrá quebrado el Estado de Derecho».

Zallo llegó a definir al grupo del que forma parte, y al que esperan que se suman agentes políticos, sociales y sindicales, así como miles de vascos, como «pull de ciudadanos molestos» por las recientes prohibiciones del tribunal especial español. José Luis Longarte, activista social vinculado a Pastoral Obrera, afirmó que la sociedad no debe entrar en aquellos discursos que parten de la premisa de que los tribunales van a impedir el derecho a manifestarse.