La cita de Iruñea recaba apoyos e insta a Madrid a «avanzar en democracia»
La manifestación que pasado mañana recorrerá Iruñea en denuncia del último operativo policial está recabando abundantes y plurales adhesiones de agentes sociales, sindicales y políticos. Algunos de ellos comparecieron ayer para censurar estos arrestos, «más aún en un momento en el que se reivindica un proceso democrático», y para solicitar a Madrid que «deje su apuesta por la vía policial y avance hacia una verdadera democracia».
GARA | IRUÑEA
Formaciones políticas como Aralar, Eusko Alkartasuna y Batasuna, sindicatos como ESK, LAB, CGT, STEE-EILAS, ESK o agentes como Sortzen-Ikasbatuaz, la asociación de abogados Eskubideak o Sasoiak son algunas de las adhesiones recabadas de cara a la manifestación que pasado mañana recorrerá Iruñea en denuncia del último operativo policial que se ha saldado con nueve encarcelamientos y nueve denuncias de tortura.
Una representación del apoyo recabado compareció ayer en rueda de prensa para arropar, por un lado, a los allegados de los tres navarros arrestados en el operativo, y para animar a la sociedad en general a participar en la marcha que partirá a las 17.30 desde la plaza del Castillo bajo el lema «Prozesu demokratiko baten alde errepresiorik ez!».
En un comunicado leído en euskara y castellano tacharon de «muy grave» el arresto, incomunicación y encarcelamiento de nueve militantes independentistas; «más aún cuando se apuesta por un proceso democrático a desarrollar por vías civiles, políticas y democráticas», censuró José Iriarte, padre de la joven arrestada Rosa Iriarte.
Consideró, además, que con el operativo policial, orquestado por el juez Fernando Grande-Marlaska, el Estado español «ha vuelto a demostrar su apuesta por la vía policial y por el recorte de derechos».
Los allegados de los últimos arrestados, tras advertir que «no están dispuestos a seguir consintiendo estas vulneraciones de derechos», hicieron un doble emplazamiento al Estado español. Le solicitaron que ponga punto y final a su estrategia represiva, a la vez que lo invitaron a avanzar hacia «una verdadera democracia en la que todos los derechos sean respetados». Iriarte confió en que por esta senda lleguen los «mínimos democráticos que abran el camino hacia la solución del conflicto».
Este no fue el único emplazamiento realizado al Gobierno del PSOE. Después de escuchar el desgarrador testimonio de tortura de su propia hija,-los nueve arrestados han denunciado haber sido víctimas de tortura-, Iriarte exigió la derogación inmediata de la ley que posibilita la incomunicación de detenidos y recordó que esta misma exigencia ha sido realizada en el último informe de la ONU.
Trajeron a colación, en este sentido, que desde noviembre de 2007 han sido 45 los navarros arrestados bajo la genérica acusación de pertenecer a Segi, Ekin, Batasuna o de participar en actos de kale borroka, y remarcaron que 27 de estas personas denunciaron haber sufrido tortu- ras en el transcurso de la detención incomunicada; «tres de ellas, incluso, tuvieron que pasar por el hospital en este periodo», apostillaron.
En la comparecencia quisieron insistir en que, pese a que «la versión oficial afirma que fruto de la eficacia policial se ha detenido a peligrosos terroristas», los navarros arrestados son «personas independentistas, activas y trabajadoras en diferentes ámbitos que trabajan para cambiar esta sociedad». En concreto, subrayaron el papel de Joxe Aldasoro en la promoción y la defensa del euskara; el de Iriarte, en la construcción de una igualdad real y la labor desempeñada por Eneko Compains en el Foro de Debate Nacional.
Los familiares de los últimos arrestados han solicitado la derogación de la ley que permite la incomunicación de las personas arrestadas, así como las que permiten la ilegalización de organizaciones.
La manifestación que el sábado recorrerá Iruñea, más allá de denunciar la represión y los últimos arrestos, pretende ser también una cita en favor de un proceso democrático. La marcha partirá a las 17.30 de la plaza del Castillo.
Las denuncias de tortura de los nueve militantes independentistas siguen generando repulsa. Es el caso de ELA, que, mediante una nota de prensa, exigió a los juzgados pertinentes que investiguen estas denuncias «hasta sus últimas consecuencias». Indicó que la falta de seguridad y garantías jurídicas, a las que entiende que han sido sometidos los arrestados, «muestran la falta de raigambre democrática de los poderes del Estado». Y recordó que las autoridades independientes en materia de derechos humanos han solicitado por activa y por pasiva la abolición de la incomunicación. El sindicato liderado por Txiki Muñoz hizo hincapié en el «impulso político y vocación propagandística» de este tipo de operaciones policiales y, a la vez que reitera la derogación de la Ley de Partidos, animó al Gobierno del PSOE a «contribuir a la consolidación de la distensión, la paz y la normalización política».
Tanto Bilgune Feminista como LAB fijaron su atención en el carácter sexista de los malos tratos propinados a los arrestados. La primera censura que toda la tortura tiene una base sexista, «ya que es empleada en hombres o en mujeres y busca vejar a la persona y mantener la división de género establecida».
LAB afirma, en su nota de prensa, que el «proceso político seguirá por encima de la tortura y la represión» y anima a agentes y ciudadanos a responder «en clave de proceso». GARA
En el marco de la operación desarrollada el 14 de setiembre, la Guardia Civil registró en Leioa el local de Kurkudi Kultur Elkartea relacionado con el arresto de Erika Bilbao. Desde la asociación han rechazado el modo de actuar de los agentes, «que iban a reventar la puerta si un trabajador de Kukurdi no hubiera llegado». En una nota, relatan que «no presentaron ninguna orden» y que utilizaron los servicios hosteleros, «por supuesto sin pagar». La Guardia Civil se llevó una cámara de vídeo, «algunos enseres» y 2.850 euros «apartados para pagar facturas». Además, cuentan que de las oficinas se llevaron pancartas, carteles, octavillas, soportes informáticos y dinero de una asociación popular. Tras siete horas de registro, explican que «al final tuvieron la desvergüenza de pedir al vecino que firmara el acta, sin permitirle leerla y ni haber presenciado el registro. No firmó». Miembros de Kurkudi denunciaron que esta actuación «es una más dentro de la política del PSE, que lleva de manera acorde con el PNV». GARA
