La presunta vulneración de los valores de la Unión Europea (UE) y sus libertades cometida por parte del Estado francés con su decisión de deportar a sus países de origen a gitanos rumanos y búlgaros centró ayer el debate en el que la Eurocámara analizó la última cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, y cuyo resultado fue el respaldo del presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, y de la mayoría del Parlamento Europeo (PE) al examen que la Comisión Europea (CE) está realizando sobre esas actuaciones.

«La prohibición en todas las formas de discriminación basada en nacionalidad o etnia es uno de los principios fundadores de la UE», recalcó Van Rompuy, quien insistió en la voluntad de los Veintisiete de seguir trabajando sobre el asunto de los gitanos y en «el derecho y la obligación de la CE de asegurar el cumplimiento de la normativa comunitaria».

La mayoría de grupos parlamentarios defendió la investigación de Bruselas y censuró las críticas a Viviane Reding. El PPE, por su parte, afirmó que los gitanos, como ciudadanos comunitarios, tienen derechos, pero también obligaciones.

Coincidiendo con este debate en Estrasburgo, la CE confirmó de que París ha remitido a Bruselas «nuevos elementos» sobre su política contra los gitanos, aunque no especificó el tipo de información enviada.

Por su parte, el presidente de Rumanía, Traian Basescu, reclamó ayer la creación de normas europeas en relación con la migración de los gitanos nómadas, una cuestión que propuso la semana pasada en la reunión del Consejo Europeo. También entonces pidió a su homólogo francés, Nicolas Sarkozy, que «tratase de parar» las expulsiones de gitanos, pero aseguró que no recibió «una respuesta clara» del mandatario galo.