Por fin se ha escenificado lo que era un secreto a voces: hay acuerdo para que el PNV venda el «histórico traspaso» de las políticas activas de empleo y el Gobierno de Rodíguez Zapatero garantice su continuidad con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. El PNV compareció ante las puertas del Congreso de los Diputados de Madrid, la víspera de que el lehendakari López dé inicio al curso parlamentario con el Pleno de Política General. Se apunta así un tanto simbólicamente potente, pero persiste en un error de escándalo: patrimonializar la interlocución negociadora con el Estado en una materia que no es de partido sino de país. No se le puede negar al nombre de la competencia pomposidad y buena música: una política, activa, para el empleo. Ahora bien, con su tramitación vía presupuestaria ni toca la caja única de la Seguridad Social ni asegura una política de empleo eficaz y con derecho a disponer y concretar a la que este país no debe renunciar. Se concreta el flujo financiero, pero se aplican las mismas políticas tan desgraciadas y de nefastas consecuencias diseñadas, y cada vez más centralizadas, en Madrid. En definitiva, cambia el logo, no la política.

El PNV ha negociado esa competencia con formas y esquemas que reproducen errores del pasado. Sin duda, temas como el nuevo contexto político de este país o cuestiones relativas a las elecciones de mayo del 2011 han sido abordados. Sin embargo, en su afán de proyectarse como garante de la centralidad y moderación, ha escenificado un acuerdo que en realidad retrata su debilidad. Negociar en 2010, y vender como logro histórico, una competencia de una ley orgánica de 1979 es un ejemplo desolador. Y plantea un reto obligado a quienes ni desean ni se resignan a ese fatalismo.

La verdadera negociación que este país necesita y merece, también para las políticas sociolaborales, no es de competencias sino de derechos básicos. En definitiva, desde el ser para decidir, un nuevo punto de partida, un nuevo consenso fundacional y un acuerdo inclusivo.