Los diputados del Frente Amplio (FA) iniciaron ayer los trámites parlamentarios para declarar inexistente la Ley de Caducidad, que impide juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidos por militares y policías durante la dictadura (1973-1985), pero cuya nulidad fue rechazada dos veces por la ciudadanía, informó Efe.

El objetivo del gobernante FA es aprobar en el Parlamento un proyecto de ley que obligue a los tribunales a considerar defendidas por la Constitución las normas internacionales de defensa de los derechos humanos y así hacer inaplicable la Ley de Caducidad, aprobada tras el fin de la dictadura.

«La idea no es anular la Ley. Es declararla inexistente e inaplicable por los tribunales. Se trata de un proyecto, apoyado unánimemente por el Frente Amplio y que se basa en una sentencia de la Suprema Corte que señala que la Ley de Caducidad es inconstitucional», explicó la diputada Daniela Payssé, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento.

De aprobarse el proyecto, apoyado por el presidente, José Mujica, todos los convenios internacionales de defensa de los derechos humanos suscritos por Uruguay deberán aplicarse automáticamente al quedar incorporados a la Constitución.

La nulidad de esta norma fue rechazada en dos ocasiones mediante sendos referendos, en 1989 y 2009.

Según Payssé, esta propuesta no pretende «valorar lo que votó el pueblo en plebiscito», sino que el Estado cumpla con sus «obligaciones internacionales haciéndose cargo de algo que debería haber hecho antes».