El traspaso de las políticas activas como han pactado el Gobierno español y el PNV es un paso atrás en el camino de la soberanía y consagra el modelo actual que ahoga a Hego Euskal Herria, ya que no se ve acompañada del conjunto de las cotizaciones de los trabajadores vascos. Tampoco será la panacea para la creación de empleo. Otras autonomías tienen esa transferencia y, sin embargo, sufren más paro.

La principal preocupación del PNV en la negociación del traspaso de las políticas activas de empleo se ha basado en el presupuesto para llevar adelante las bonificaciones a los empresarios, entre otras cuestiones. No ha reclamado que el conjunto de las políticas activas y pasivas se administren en Hego Euskal Herria, con el objetivo de que las cotizaciones de trabajadores y empresarios no se transfieran a las arcas de Madrid. Además ha declarado que no quiere romper la caja única de la Seguridad Social. ¿Por qué? Precisamente ese argumento es el que impide que los vascos podamos gestionar nuestros recursos. Renunciar a ese derecho es tanto como amarrarnos para siempre a lo que diga Madrid. Es otra oportunidad perdida.

¿Qué son las políticas activas y pasivas de empleo?

Las políticas de empleo son el conjunto de servicios, programas y medidas que deben procurar un equilibrio entre la oferta y la demanda de empleo. Sus herramientas son la gestión de la colocación, la orientación laboral, la formación para el empleo, los estímulos a la contratación o bonificaciones, el fo- mento del empleo y las prestaciones, contributivas o no, por la contingencia de desempleo. Se dividen en dos grupos: las que ayudan a la supervivencia económica de las personas en situación de desempleo con prestaciones públicas, llamadas políticas pasivas, y, por otro, las destinadas a activar eficazmente a las personas ante el mercado laboral, las llamadas políticas activas. La OIT considera necesaria la vinculación entre ambas. Sin embargo, el acuerdo entre el Gobierno español y el PNV no contempla esa extensión completa.

¿De qué cantidades económicas se habla en este proceso?

El Gobierno de Patxi López reclama en torno a los 315 millones por gestionar las políticas activas y el PNV la ha acordado en 472 millones, ya que añade las bonificaciones a los empresarios. Los trabajadores y empresarios aportan a las arcas del Estado español de forma obligada en cotizaciones sociales más de 10.000 millones al año, según la Seguridad Social. De esa cantidad, 1.532 millones son cotizaciones por el desempleo. Entre 2006 y 2008 se ha producido un superávit a favor de las arcas de Madrid de 2.016 millones de las cotizaciones de los trabajadores de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. A pesar de ello, más de un 30% de los parados no tiene prestación económica.

¿La llegada de las políticas activas afectará necesariamente al desempleo en la CAV?

No. El Gobierno de Lakua ha anunciado que a esas cantidades incorporará las referidas a formación, a las ayudas de carácter social, etcétera, pero que cuentan con el rechazo de los colectivos sociales porque no son suficientes y su gestión es deficiente. El Gobierno de López ha calculado que tendrá 750 millones para actuar contra el desempleo y afirma que será la panacea para terminar con el elevado paro existente. Lo más importante, que no se dice, es que la CAV, junto a Melilla y Ceuta, son las únicas comunidades autonómicas que no tienen transferida esa competencia mermada, y se oculta que en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa el desempleo es la mitad del Estado español sin tener esa transferencia mutilada. Por lo tanto, las políticas activas de empleo en la mayoría del Estado español no están siendo un instrumento eficaz para generar empleo; son un fracaso.

¿Qué organismo controlará en la CAV esa transferencia?

Será el nuevo Lanbide, que se creó en 2004. Este organismo, que nació para competir con el antiguo Inem, nunca lo pudo hacer porque no ha tenido designadas las competencias totales ni parciales. Este nuevo organismo contará con una plantilla de unos 575 trabajadores, entre los del Inem, los del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales y los de Lanbide. Dará cabida a sindicatos, Gobierno y empresarios. Sin embargo, aunque en diferentes informaciones se ha indicado que el nuevo Lanbide será el primer organismo de diálogo social sin vetos, tampoco es cierto, dado que Confebask y el resto de asociaciones empresariales de la CAV vetaron la representación de las cooperativas en el órgano de decisión. Ha generado una amplia polémica que el Gobierno de Patxi López ha tratado de ignorar.

¿Los empresarios utilizan el servicio público de empleo para contratar a los trabajadores?

No. Ésa es otra deficiencia que se produce en el mercado laboral. Las empresas contratan a través de las empresas de trabajo temporal (ETT) en torno al 22% de los trabajadores en Hego Euskal Herria, pero entre el antiguo Inem y Hobetuz no llegan al 6% de la contratación. Por lo tanto, ése es otro impedimento que el Gobierno de Patxi López intenta resolver obligando a los empresarios a pasar por la ventanilla de Hobetuz si quieren obtener las bonificaciones. La nueva reforma laboral, además, da más posibilidades a las agencias de colocación privadas.

¿Hay alternativa sindical?

La mayoría sindical vasca (ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE e Hiru), en su decálogo de medidas urgentes contra la crisis, reclama impulsar el marco vasco de relaciones laborales y protección social con el objetivo de contar aquí con «legislación propia en materia de empleo, negociación colectiva y protección social que permita reducir la jornada laboral, eliminar las horas extra, realizar políticas efectivas de empleo, mejorar el sistema de pensiones y dignificar los salarios».