La obscenidad en política hace que, en un mismo día, contemplemos el pasteleo ignominioso de votos a cambio de una transferencia que debía haberse producido hace tres décadas y la inhabilitación al alcalde de Aramaio por el grave delito de consultar a sus vecinos sobre una obra pública que va a les va a afectar de manera importante. Preguntar no puede ser delito en democracia. Hurtar transferencias, o mercadear con ellas, debería serlo.