En Gernika, un escenario muy emblemático para Euskal Herria, nacerá hoy un acuerdo que puede tener gran relevancia en la historia próxima vasca. A las 17.00, cinco fuerzas políticas vascas -la izquierda abertzale, EA, Aralar, AB y Alternatiba-, sindicatos y organizaciones sociales suscribirán el llamado ``Acuerdo para un escenario de paz y soluciones democráticas'', que se dirige tanto a ETA como al Estado español para reclamar un escenario no violento e impulsa el diálogo y la negociación política multipartita en ese nuevo contexto.

Se trata de un acuerdo que se ha ido gestando, en reuniones privadas, a partir del pacto estratégico entre la izquierda abertzale y EA. Ambas formaciones pusieron en circulación una propuesta de mínimos democráticos que, tras las aportaciones de los diferentes agentes, ha derivado en el texto que será presentado y firmado hoy.

Entonces se desvelará también cuáles son los organismos que lo hacen suyo, aunque se puede avanzar que entre ellos estarán las cinco fuerzas políticas citadas al inicio, de diferentes ideologías y trayectorias muy distintas. Lógicamente, el texto concreto también se iba a dar a conocer hoy, pero ayer apareció reproducido casi íntegramente en diarios del Grupo Noticias debido a una filtración. Posteriormente, las agencias ofrecieron un amplio resumen con numerosos extractos textuales del acuerdo.

Con este pacto, los firmantes no sólo emplazan a las partes a abrir un escenario democrático y de soluciones, sino que se declaran a sí mismas responsables de impulsarlo. El último párrafo de este acuerdo de Gernika explicita que «todos los postulados abordados en este documento son asumidos por las organizaciones políticas, sindicales y sociales firmantes del mismo, que se comprometen a cumplirlos y dar traslado de los mismos a agentes internacionales y a trabajar en la activación popular de la sociedad vasca para que la ciudadanía los haga suyos, y se sitúe como única garante de la evolución del proceso de solución democrática».

«No violencia con garantías»

El acuerdo comienza aludiendo a la posibilidad abierta de «encauzar el conflicto político y la confrontación violenta hacia un escenario de paz y soluciones democráticas», y remarca que para ello es necesario asentar una situación de «no violencia con garantías». Acto seguido, los firmantes exponen una serie de premisas para ello.

Se dirigen tanto a ETA como al Gobierno español. A la organización armada vasca le demandan «un alto el fuego permanente, unilateral y verificable por la comunidad internacional» (el primer y el tercer concepto estaban incluidos en la Declaración de Bruselas), y se aboga por que éste sea «expresión de voluntad para un definitivo abandono de su actividad armada».

Al Estado español, por su parte, se le requiere «el reconocimiento de los derechos civiles y políticos permitiendo la actividad y el desarrollo de todos los proyectos políticos» (se incluye aquí la demanda de derogación de la Ley de Partidos Políticos). Y junto a ello, «la revisión de los procesos judiciales contra personas y estructuras organizativas derivados de su actividad política», «la derogación de jurisdicciones, tribunales especiales, toda legislación de excepción y con ella la desaparición de la incomunicación», «el levantamiento de las medidas restrictivas y/o prohibitivas en su actividad política impuestas a militantes y organizaciones independentistas».

Además, se demanda al Estado «el cese de la política penitenciaria» y la adopción de una serie de medidas «como primer paso del camino hacia la amnistía, que conduzca a la ausencia total de presos/as y exiliados/as a consecuencia del conflicto político». Son seis: fin de la dispersión, liberación de los presos enfermos, concesión de libertades condicionales a todos los pendientes de juicio, así como a quienes hayan cumplido los requisitos legales, aplicación «sin restricciones ni arbitrariedades de todos los beneficios penitenciarios legalmente establecidos» y derogación de la ley que impone 40 años de condena.

Como demandas dirigidas a las dos partes cabe entender ésta: «La desaparición de todo tipo de amenazas, presiones, persecuciones, detenciones y torturas contra toda persona por razón de su actividad o ideología política».

«Negociación política»

Los firmantes del acuerdo de Gernika recalcan a continuación que con ello no estaría finalizado el contencioso, dado que «en el marco de un proceso de estas características, donde se haya consolidado ese escenario de paz y normalización política suficientes, será imprescindible activar espacios de diálogo y negociación política para abordar en su integridad las causas y consecuencias del conflicto».

En consecuencia, se comprometen a impulsar ese diálogo sobre una serie de «principios y contenidos». El primero es que el diálogo y la negociación pertinentes se regirán «en todos los ámbitos» por los llamados principios del senador Mitchell, que fueron ya aplicados en el proceso de resolución del conflicto del norte de Irlanda. A saber, «uso de medios exclusivamente democráticos y pacíficos para resolver las cuestiones políticas, oposición a cualquier intento de utilizar la fuerza o amenazar con utilizarla para influir en el curso o en los resultados alcanzados en las negociaciones multipartitas, y compromiso de respetar los términos de cualquier acuerdo alcanzado en las negociaciones multipartitas».

A partir de ahí, el pacto establece que el diálogo político «buscará un acuerdo incluyente entre todas las culturas políticas del país, sobre el reconocimiento tanto de la realidad nacional vasca como del derecho a decidir, y el respeto de la voluntad popular democrática sobre el modelo jurídico-institucional interno, y sobre el tipo de relación con los estados». «Incluida la independencia», se especifica.

El último punto habla de las víctimas del conflicto político. Tras subrayar «la realidad de las múltiples violencias», admite la «necesidad de un reconocimiento, reconciliación y reparación» para todas ellas.