La reforma aprobada ayer en Madrid afecta a más de una veintena de artículos del Amejoramiento, pero apenas introduce cambios de calado político. El más destacado es la ampliación del plazo de la legislatura a cuatro años en caso de disolución anticipada del Parlamento navarro, y también se articula la participación de Nafarroa en la toma de decisiones de la Unión Europea que afecten a los intereses de este herrialde.

El proyecto de reforma fue apoyado por PSOE, PP y UPN, siendo uno de los poquísimos casos en que se han puesto de acuerdo en el Congreso español. Santiago Cervera mostró su decepción por considerar que el acuerdo es «escaso en su ambición competencial». En este punto coincidió con Uxue Barkos (NaBai) y Aitor Esteban (PNV), quien criticó la «poca ambición» para reclamar las 24 competencias que tiene pendientes Nafarroa.

CIU se abstuvo, tras constatar que sólo se trata de una «mini reforma» del Amejoramiento, y ERC-IU-ICV votó a favor después de lamentar, por medio de Gaspar Llamazares, que es «una oportunidad perdida para continuar con el proceso de federalización del Estado autonómico».

Mientras en Madrid se debatía esta cuestión, en Iruñea la izquierda abertzale constataba que la reforma del Amejoramiento «ha estado sustentada sobre la misma constante que todos estos años: vulneración del derecho de la ciudadanía navarra a decidir sobre su futuro y el fortalecimiento de las reglas de juego supeditadas a la defensa de los intereses de España».

En este sentido, Xanti Kiroga, Mariné Pueyo, Txelui Moreno y Fermín Irigoien criticaron que esta reforma se haya realizado de nuevo «a escondidas, negando cualquier tipo de participación popular».

«El poder de imponer»

«Ni siquiera han permitido -precisaron- que un Parlamento trucado pudiera tomar parte, alegando que así se pierde el carácter paccionado de la norma. Pero no existe tal carácter paccionado, porque es imposible pactar con quien tiene el poder de imponer».

Kiroga recordó que Nafarroa «lleva casi tres décadas padeciendo las consecuencias del Amejoramiento y sus restricciones», y que se trata de «una norma fraudulenta basada en la partición territorial de Euskal Herria y en la sumisión política, económica y cultural a los intereses del Estado español».

Tras señalar que «el trabajo y tesón de amplios sectores de izquierdas y abertzales de Nafarroa han impedido que las ansias de soberanía de la población fueran soterradas bajo la presión constante de los defensores de la Navarra Foral y española», Kiroga se refirió al momento de cambio que vive hoy Euskal Herria y al debate sobre el modelo jurídico-político de futuro. «Los marcos y las leyes que lo sustentan están caducas a los ojos de la ciudadanía, y por ello la derecha españolista -dijo- intenta ocultar el debate de fondo mediante reformas superficiales».

Mariné Pueyo agregó que la defensa del Amejoramiento «pretende mantener el estatus de provincia española sin posibilidad de decisión sobre las grandes cuestiones para el futuro de Nafarroa». Frente a ello, reclamó la soberanía «plena» de los ciudadanos navarros para decidir libremente, «sin injerencias y sin que Madrid tutele la toma de decisiones en base a sus intereses».

En esa línea, los miembros de la izquierda abertzale exigieron al Estado español y a la «derecha españolista de Nafarroa» la utilización de «vías exclusivamente políticas y democráticas» para la defensa de su proyecto, así como la derogación de «leyes restrictivas como la Lorafna que violentan la libre decisión de la ciudadanía navarra».

Por último, remarcaron que el derecho de los navarros a decidir sobre su futuro «sólo puede hacerse mediante un cambio radical del marco jurídico, que impone un Amejoramiento que no cuenta con legitimidad social y popular».