El magistrado de la Audiencia Nacional española Pablo Ruz decretó el ingreso en prisión de Walter Wendelin, Gabi Basañez, Haritz Ganboa, Unai Vázquez y David Soto, mientras que para Rubén Sánchez e Itsaso Lekuona, solicitó prisión eludible bajo fianza de 10.000 euros para el primero y de 5.000 para la segunda. El tribunal especial también decretó una orden de búsqueda y captura contra el joven irundarra Uberka Bravo.

La decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional española no se conoció hasta cerca de las once de la noche, después de haber interrogado durante cuatro horas a los siete arrestados. El auto emitido por Ruz imputa un «delito de integración en organización terrorista» a los siete militantes de la organización internacionalista detenidos el martes por la Policía española.

Éstos fueron trasladados doce horas antes a la Audiencia Nacional española, hacia las 11.00 de la mañana de a ayer, y pasaron uno a uno por el despacho del juez Pablo Ruz.

Según informó la abogada Haizea Ziluaga a este diario el juez levantó el régimen de incomunicación justo antes del interrogatorio, por lo que declararon en situación de comunicación, es decir, asistidos por sus abogados de confianza. Así, la mayoría de los militantes de Askapena optaron por no declarar ante el juez, mientras que los que sí lo hicieron negaron los hechos que se les imputan.

El fiscal, por su parte, personado por Vicente González Mota, solicitó el ingreso en prisión de seis de los siete miembros, mientras que reclamó prisión eludible bajo fianza de 5.000 euros sólo para la hondarribitarra Itsaso Lekuona.

El fiscal del tribunal especial realizó dicha petición durante las vistas celebradas para adoptar medidas cautelares, que se desarrollaron al término de cada interrogatorio.

Así, el representante del Ministerio Público, les acusaba de un delito de «integración en organización terrorista» a Walter Wendelin, al que consideran el «responsable de la organización», a Rubén Sánchez, Gabi Basañez, Unai Vázquez, David Soto, Aritz Ganboa e Itsaso Lekuona, para la que reclamó una fianza de 5.000 euros con la que eludir la cárcel.

El juez de la Audiencia Nacional había aceptado aplicar medidas para «prevenir» posibles malos tratos. Al contrario que el juez Grande-Marlaska en el operativo de hace dos semanas contra Ekin, Pablo Ruz sí aceptó la petición de los abogados de los siete internacionalistas detenidos de que fueran visitados por un médico de confianza, que sus familiares estuvieran informados de dónde y cómo estaban, y que el periodo de detención fuera filmado en video. Aun así, el movimiento pro amnistía alertó el miércoles de que las medidas citadas «no son suficientes», puesto que personas detenidas a las que se les han aplicado esas mismas medidas han denunciado malos tratos «en más de una ocasión».

La abogada de la defensa ha aclarado que durante los tres días que los arrestados han permanecido incomunicados en manos de la Policía española, el trato ha sido «correcto» en la mayoría de los casos. Pese a todo, uno de los detenidos denunció ante el magistrado que había recibido amenazas por parte de un agente de la Policía durante el traslado a los juzgados. Hecho por el que el fiscal pidió que se deduzca testimonio y que se investigue el posible maltrato.

Mientras, familiares y amigos de los detenidos llegados desde Euskal Herria se agolparon en los alrededores de la Audiencia Nacional española desde primera hora de la mañana para mostrar su solidaridad con los arrestados. Allí se vivieron, sin embargo, momentos de tensión cuando los agentes de la Policía española que custodian el edificio les obligaron a alejarse del lugar.

En Euskal Herria, también hubo muestras de apoyo para los arrestados. Concretamente en la capital navarra, grupos solidarios e internacionalistas habían convocado una concentración para denunciar la redada contra Askapena. Según informaron a GARA, la Policía española también se personó en el lugar e identifico a cada una de las 50 personas que se encontraban en la concentración.

Acusaciones

El auto acusa a los detenidos de «integrar el Comité Nacional de Dirección de Askapena». Además, recoge que estas personas «difundían en diversos países de Europa, Centroamérica y Sudamérica los postulados de ETA y Batasuna» entre los que cita el documento «Zutik Euskal Herria», impulsada por la izquierda abertzale.

Las agencias españolas, indican, citando fuentes de la lucha de la investigación, que las observaciones telefónicas, las vigilancias y los registros que se han realizado durante la investigación «constatan de forma evidente la pertenencia a grupos de trabajo del denominado Movimiento Nacional de Liberación Vasco (MNLV)».

A pesar de que Askapena desarrollara su labor en el ámbito del internacionalismo de forma transparente durante más de dos décadas, el mismo día de los arrestos, el Ministerio español de Interior español ya emitía una nota en la que calificaba Askapena de «brazo internacional de ETA». Hecho que según Rubalcaba se dedujo de la documentación intervenida en mayo del 2008 al militante de ETA, Xabier López Peña, con los que para Interior se acreditan «cómo las actividades de Askapena se integraban en el diseño estratégico que, en materia de relaciones internacionales, ha desplegado ETA, con el fin de difundir sus reivindicaciones, recabar apoyos exterior para las mismas, deslegitimar el Estado español y establecer canales de comunicación y colaboración con otras organizaciones terroristas».

A esos vínculos con otras organizaciones se refirió el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que aseguró que los detenidos mantenían relaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).