Golpe de estado en Ecuador
Policías y militares rebeldes retienen por la fuerza al presidente Correa
El Gobierno decretó el estado de excepción en Ecuador, donde su presidente, Rafael Correa, denunció un intento de golpe de Estado «dirigido por la oposición» y protagonizado por militares y policías, que tomaron aeropuertos y el Congreso y retuvieron por la fuerza al mandatario.
GARA | QUITO
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció ayer «un clarísimo intento de desestabilizar al país dirigido por la oposición», un golpe de Estado contra al Revolución Ciudadana que su Gobierno impulsa y al que la población desarmada hizo frente saliendo a las calles para defender a su mandatario y el orden constitucional. El Ejecutivo declaró el estado de excepción durante cinco días y dio instrucción a las Fuerzas Armadas, que reiteraron su lealtad al presidente, de «salir a controlar el orden público respetando y garantizando los derechos de los ciudadanos».
Lo que a primeras horas de la mañana se presentó como una protesta de policías y militares contra la Ley de Servicio Público que contempla una homologación de los salarios de los oficiales se demostró poco después como un intento de golpe de Estado. Correa afirmó que se trataba de «una maniobra de oposición y grupos enquistados en Fuerzas Armadas y Policía», cercanos a Sociedad Patriótica del ex presidente Lucio Gutiérrez.
A primera hora de la mañana, militares tomaron el aeropuerto de Quito –y más tarde otros– y policías entraron en la Asamblea Nacional, donde impidieron el acceso de los diputados. Correo acudió a dialogar con ellos al Regimiento Quito I.
Tras intentar dialogar con ellos aseguró que no claudicará en sus principios pese a los intentos de agresión contra su Gobierno y contra él mismo, como más tarde se evidenció. Correa subrayó que «yo no voy a dar marcha atrás, si quieren vengan a buscarme acá, denme un tiro y que siga adelante la República».
Allí, el presidente fue agredido por los sublevados y tuvo que ingresar en el Hospital de la Policía tras verse afectado por los gases lacrimógenos que le lanzaron. Una vez ingresado, policías y militares le aislaron en una habitación y le impidieron salir, reteniéndole por la fuerza. «Están tratando de introducirse aquí, a mi habitación, por medio de los techos estos policías en rebelión», a los que tildó de «traidores». «Si algo me pasa, la responsabilidad es de ellos», agregó.
Desde el hospital, según la web de la Presidencia, señaló que «el intento de desestabilización responde a una estrategia que ha venido cocinándose hace algún tiempo y a una andanada de mensajes e información equivocada –en referencia a la Ley de Servicio Público– que ha sido repartida a los miembros de la Policía, que hoy han tenido efecto en acciones violentas fruto de intentos de conspiración».
«Hace rato que vienen buscando un golpe de Estado, porque no nos pueden ganar en las urnas y hay compañeros nuestros que no entienden lo que es pertenecer a una misión política», indicó en relación a la seria posibilidad de convocar a la llamada «muerte cruzada» y su relación con el poder legislativo.
Todas las instituciones del país, incluida la cúpula militar y el poder legislativo, salieron en defensa del orden constitucional, del Gobierno legítimo y de su presidente. Por contra, Lucio Gutiérrez, derrocado por una revuelta popular en abril de 2005, pidió la disolución del Parlamento y elecciones anticipadas.
Lealtad del Ejército
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ernesto González, rodeado de otros altos mandos militares, manifestó su respeto por las instituciones democráticas y el estado de derecho y aclaró que el presidente es su «máxima autoridad».
González en una comparecencia en la que invitó a todos los oficiales sublevados a rendirse, una orden que los sublevados desoyeron. No obstante, pidió «encarecidamente» la revisión de la Ley de Servicio Público que contempla una homologación de los sueldos de los oficiales, informa la agencia oficial ANDES.
González recordó que el diálogo es la única vía para resolver el conflicto e hizo hincapié en que el Ejército es una institución «organizada, jerarquizada, subordinada al interés nacional y también subordinada a la autoridad legal y legítima constituida» y a su presidente. Y añadió que las Fuerzas Armadas «cumplirán con el estado de excepción».
Tras saber que su presidente permanecía secuestrado en el centro hospitalario, miles de personas de todas las edades que se habían congregado frente al Palacio Presidencial se dirigieron hacia allí con la intención de rescatarle. Fueron reprimidos con gases lacrimógenos y algunos disparos, según informó Telesur, pero lejos de amilanarse, siguieron avanzando y consiguieron romper el cerco.
Pero los ciudadanos se preguntaban por qué la cúpula militar que reiteró su lealtad al presidente no hacía acto de presencia para poner fin a la sublevación.
Gobiernos y organismos regionales e internacionales salieron en defensa del Gobierno y el orden institucional, aunque no todos hablaron de golpe de Estado. Reaccionaron, entre otros, el ALBA, Unasur y la OEA.
La reacción de la Casa Blanca, muy esperada, no distó mucho de la mostrada tras el golpe de Estado en Honduras, en junio de 2009. Dijo apoyar a Correa y «deplorar cualquier violencia, además de apelar al diálogo. «Seguimos de cerca la situación», señaló a Efe un portavoz del Departamento de Estado.
