Petición de libertad para los letrados detenidos «en un operativo ilegal»
Los compañeros de los abogados detenidos por la Guardia Civil en abril solicitarán en los próximos días la puesta en libertad de éstos, ya que su arresto «fue desde la raíz ilegal, contraria a los más elementales principios del derecho y vulneradora de los más esenciales derechos fundamentales». Los letrados insistieron ayer en que se persiguió poner obstáculos a la defensa de los presos políticos y criminalizarla.
Agustín GOIKOETXEA
Los compañeros de los letrados detenidos en la operación impulsada por la Guardia Civil el pasado 14 de abril contra éstos y represaliados políticos comparecieron ayer en Bilbo para dar a conocer que, tras el levantamiento del secreto del sumario en la Audiencia Nacional española, han podido corroborar las «numerosas irregularidades» que ya denunciaron en los registros, las escuchas ilegales y evidencias de torturas. «Nos reafirmamos en la existencia de espacios policiales autónomos, zonas francas de legalidad y ausencia de control judicial», subrayaron Ainhoa Baglieto y Alfonso Zenon, en euskara y castellano respectivamente.
Baglieto y Zenon fueron contundentes al afirmar que la operación del instituto armado español fue ilegal. «Esta operación policial contra los abogados perseguía un único fin: poner obstáculos a la defensa de las presas y presos políticos vascos y criminalizar la defensa de los represaliados políticos, y no, como se ha dicho, evitar un supuesto control de ETA sobre los presos», aclararon.
Respecto a la ilegalidad del operativo, señalaron que todo se basa en que identificaron a una persona como si fuera David Pla, tal y como se refleja en los informes de la Guardia Civil y en el propio auto de ingreso en prisión dictada en su día por el juez Fernando Grande-Marlaska, cuando no lo era. En un documento del instituto armado del 6 de julio de 2010, se confirma que «la identificación de David Pla en aquella ocasión fue debida a un error, y que se trataba de otra persona».
Cabe recordar que Pla era el catalizador del operativo policial y obsesión del mismísimo ministro español de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que insistió en calificarle una y otra vez como «uno de los hombres fuertes del aparato político» de ETA. Lo curioso es que fue arrestado por la Policía francesa en Hendaia el 15 de abril, aunque fue liberado sin ni siquiera comparecer ante la jueza Le Vert.
«Premisas inciertas»
Los letrados remarcaron que el último informe «derrumba» la teoría de la atribución del «alias» que se desarrolla en el auto, pues se cae la premisa principal. «Podemos decir que la operación se ha desarrollado bajo premisas inciertas, el informe de la Guardia Civil en el que se basa el juez para acceder a las detenciones y registros es pura falacia y no se sostiene en pie», añadieron, antes de preguntarse si ese es el motivo de apresar a otras personas «y forzarlas para que ratificaran tan endebles deducciones».
Esta afirmación tiene relación directa con el contenido de un dossier policial sobre el operativo que fue hallado tras los registros y está en manos de Grande-Marlaska, en el que, en el apartado de los interrogatorios, se recoge que «el tratamiento con los detenidos debe perseguir el obtener una manifestación que ratifique las imputaciones judiciales que existen»; el trato para los tres abogados y Erramun Landa debía ser«exquisito en todo momento».
También fue, según Baglieto y Zenon, «ilegal» la detención de Domingo Aizpurua, a quien se le interrogó exclusivamente sobre cuestiones por las que ya cumplió condena en el Estado francés y nada posterior a su puesta en libertad en diciembre de 2009. Los abogados creen que el objetivo era incriminar a sus compañeros.
Tampoco pasaron por alto las irregularidades detectadas en los registros de los despachos de Bilbo y Hernani, en los que detectan que se realizaron durante un tiempo sin la presencia de la secretaria judicial, en el caso de la localidad guipuzcoana, y en ambos se violaron correspondencia privada entre los profesionales y sus defendidos, sin olvidar la requisación de información sobre el caso Jon Anza.
El Gobierno español ha remitido a la sede de la ONU en Ginebra un informe en el que rechaza las recomendaciones que hace el Relator de Derechos Humanos, el finlandés Martin Scheinin, y carga contra éste, de quien asegura que sus propuestas carecen de «rigor» y «credibilidad», al tiempo que «lamenta» que las observaciones que realiza sobre el Estado español «no se correspondan con la realidad de la lucha contra el terrorismo».
Martin Scheinin había cuestionado en su informe sobre el Estado español, que ha sido analizado en la 15ª sesión del Consejo de Derechos Humanos que concluyó ayer, la legalidad de la Audiencia Nacional y la incomunicación de los detenidos «por terrorismo», alegando que perjudica los derechos y libertades fundamentales de éstos.
Precisamente, estas demandas y sobre todo la petición de supresión de la incomunición han sido expuestas históricamente desde Euskal Herria ante los organismos de la ONU.
El Ejecutivo español no pasa por alto este hecho y recuerda en el informe remitido a esta última sesión de la Comisión de Derechos Humanos que no son pocas las ocasiones en las que el Relator «asume como propias opiniones, críticas y denuncias no contrastadas, ni fundamentadas, e ignora pronunciamientos firmes de órganos jurisdiccionales superiores». Por ello, advierte de que el informe tiene poco «rigor y credibilidad».
Además, recuerda que «dada la preocupación» que manifiesta Scheinin por el «régimen de la incomunicación en las detenciones» se le ha ofrecido la oportunidad de visitar «cuantos centros de detención» desee.
Denunciaron que el CNI tenía controlados el tráfico de voz y los SMS de los móviles de sus compañeros desde 2008. Además, las «escuchas ilegales», remarcaron, no están transcritas, lo que es aún más grave. Dijeron tener la certeza de que son espiados.
