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La ONU señala que hay que investigar el genocidio en la RDC

El informe de la ONU sobre los crímenes cometidos en las guerras de la República Democrática de Congo (RDC) se limita a inventariar los cruentos hechos registrados, pero señala la necesidad de realizar una investigación judicial para presentar cargos ante un tribunal competente. Los países implicados, como Rwanda, Burundi o Angola, volvieron a rechazar categóricamente las acusaciones de la ONU.

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Los ataques de las fuerzas ruandesas, «aparentemente sistemáticos», contra refugiados hutus ruandeses y miembros de la población civil hutu «podrían ser calificados de genocidio» si estos hechos «se prueban ante un tribunal competente», indica el controvertido informe de la ONU sobre los crímenes en la República Democrática de Congo (RDC) que se hizo público ayer.

«Los ataques aparentemente sistemáticos y generalizados tenían como objetivo a los muy numerosos refugiados hutus ruandeses así como a miembros de la población civil hutu y causaron su muerte, revelan numerosos elementos abrumadores, que si se prueban delante de un tribunal competente podrían ser calificados como crímenes de genocidio», señala el informe que realiza inventario de las atrocidades cometidas de 1993 a 2003 en el antiguo Zaire.

«Estos ataques se llevaron a cabo en cada localidad en la que los refugiados fueron desalojados por la AFDL-APR (Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación de Congo-Kinshasa/ Ejército Patriótico Ruandés) en un vasto territorio», añade el documento de Naciones Unidas.

Fruto de una investigación llevada a cabo de julio de 2008 a junio de 2009, el informe de más de 550 páginas, realiza el inventario de 617 crímenes graves que provocaron decenas de miles de muertos civiles entre 1993 y 2003 en el antiguo Zaire y más concretamente entre las dos guerras de 1996-1998 y 1998-2001.

Los hutus se refugiaron en la RDC debido a la llegada al poder en 1994 en Kigali del Frente Patriótico Ruandés (FPR), que puso fin a un genocidio que provocó 800.000 muertos, según la ONU, especialmente entre la minoría tutsi.

«Es importante que se abra una investigación judicial completa para aclarar los incidentes reseñados que tuvieron lugar en el territorio de la RDC en 1996 y 1997», considera el informe.

El documento destaca también que «sólo una investigación a la que siga una decisión judicial estará en disposición de determinar si estos incidentes constituyen crímenes de genocidio».

Este informe -que ha sido denunciado con dureza por Rwanda y Uganda- fue presentado inicialmente por la ONU como un trabajo de inventario sin precedentes destinado a aclarar una tragedia sangrienta en el antiguo Zaire que duró más de una década y a luchar contra la impunidad.

«Como se ha visto, casi todos los crímenes recogidos por el Equipo Mapping podrían ser calificados como `crímenes contra el derecho internacional', ya que serían crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y posiblemente crímenes de genocidio si se presentan pruebas ante un tribunal», añade el informe.

«Espero que, ahora que el informe se ha publicado, será estudiado atentamente, en particular las medidas que propone para que los autores de los actos respondan y se haga justicia en la RDC, tras una letanía de actos reprobables», subrayó por su parte la alta comisaria de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, en un comunicado.

Pillay considera también que «la divulgación a finales de agosto del texto tras la entrega del informe en junio y julio a seis estados de la región, provocó que se produjeran `intensos debates sobre un único punto del informe', la mención de la posibilidad de que las fuerzas armadas de Rwanda y sus aliados locales habrían podido cometer actos que pueden constituir crímenes de genocidio».

AI pide dar más pasos

Amnesty International reclamó ayer que se ponga en marcha una investigación sobre las «decenas de crímenes» cometidos en la RDC tras la publicación del informe de la ONU.

«La publicación de un informe de Naciones Unidas que describe violaciones flagrantes contra derechos humanos en la RDC es un primer paso significativo, pero se necesita una acción concreta para lograr que los responsables rindan cuentas», considera la organización humanitaria en un comunicado titulado «Acción necesaria para investigar una decena de crímenes»

«El ciclo de violencia y malos tratos sólo cesará cuando los autores de los crímenes hagan frente a su responsabilidad», dijo Salil Shetty, secretario general de Amnesty International.

Acusan a varios países africanos de intervenir

El informe de la ONU destaca que un total de seis de los países africanos que intervinieron en las guerras de la RDC, pudieron haber cometido posibles crímenes.

El más implicado sería Rwanda, cuyas tropas habrían intervenido en las matanzas de refugiados hutus ruandeses. Su Gobierno volvió a rechazar ayer el informe.

A Uganda se le acusa de varios crímenes, como la paralización de las turbinas de la presa de Inga, que suministraban de electricidad a Kinshasa.

Burundi estaría implicada, junto a Ruanda y a rebeldes congoleños, en ataques generalizados contra refugiados, provocando cientos de muertos, algunos de ellos tras ser quemados vivos. Bujumbura señaló que el informe de la ONU «está claramente destinado a desestabilizar la región».

A Angola le acusan de ejecuciones sumarias de refugiados, así como de violaciones y de actos de pillaje. Luanda rechazó categóricamente estas imputaciones del informe de la ONU.

Las acusaciones contra Chad se centran en la quema de 55 casas en Boyasegbakole en 1999, provocando la muerte de 18 civiles, mientras que el bombardeo de Kinshasa por fuerzas de Zimbabwe en 1998 también es calificado como posible crimen de guerra por el elevado número de civiles muertos que provocó.

El informe de la ONU destaca que el menos ocho ejércitos de estados africanos y 21 grupos armados irregulares tomaron parte en la segunda guerra de la RDC, entre 1998 y 2001. GARA

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