Manifestación, a las 17.00 desde La Casilla
PSOE y PP se quedan solos frente a la marcha de hoy en Bilbo
La convocatoria contra las prohibiciones y en favor de los derechos civiles y políticos ha concitado el apoyo de la mayoría política y sindical de Euskal Herria, por lo que la manifestación de esta tarde en Bilbo se prevé multitudinaria.
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
La convocatoria realizada por un grupo de personas preocupadas por las prohibiciones de las manifestaciones del 11 de setiembre y defensoras de todos los derechos y libertades ha acabado convirtiéndose en la expresión de una demanda ampliamente mayoritaria de la ciudadanía vasca. Desde el ámbito político, apoyan la manifestación PNV, izquierda abertzale, Aralar, EA, AB, EB y Alternatiba, la mayoría sindical también ha expresado su adhesión y a estas horas resulta ya irreproducible el número de colectivos sociales que se han sumado a la misma, entre ellos el movimiento pro- amnistía, que hizo público en la mañana de ayer un llamamiento a acudir a Bilbo.
A estas alturas, sólo las expresiones políticas del unionismo quedan al margen de la manifestación, lo que se explica porque buena parte de las demandas que se reivindican en la convocatoria afectan directamente a la estrategia elaborada por PSOE y PP en contra del independentismo vasco. Y, de hecho, así lo han entendido estos partidos, que han mostrado su beligerancia frente a esta convocatoria.
La manifestación partirá a las 17.00 desde el pabellón de La Casilla. La convocatoria fue realizada por Txaro Arteaga, ex directora de Emakunde; Félix Cañada, abogado; Alfonso Dubois, premio cooperante vasco 2007; Periko Ibarra, catedrático emérito de la UPV-EHU; Natxo Isuskiza, sacerdote vinculado a las JOC; José Luis Longarte, activista de Pastoral Obrera; Gabriel Mariscal, ex decano de abogados de Bizkaia; Carmen Moreno, militante social y feminista; Maixus Rekalde, integrante de Lokarri; Paul Ríos, coordinador de Lokarri; y Ramón Zallo, catedrático de la UPV-EHU.
En la comparecencia realizada en Bilbo se presentaron como un «pool de ciudadanos molestos» por las prohibiciones de manifestaciones previstas para el 11 de setiembre en defensa de todos los derechos.
«Legalización inmediata»
El manifiesto de los convocantes (que se recoge íntegro en la página contigua) reclama «la suspensión de toda situación de excepción o de violencia».
Además, hace una apuesta concreta por «el derecho a la vida y a la libertad» y por los que protegen a presos y detenidos. Se exige, también, la «legalización inmediata» de los partidos prohibidos.
Desde que se hiciera pública la convocatoria, el pasado 22 de setiembre, han sido múltiples las formaciones políticas, sindicales y sociales que se han sumado a la misma.
La izquierda abertzale invitó a sus bases a acudir para, entre todos, conseguir «mover al `bloque del no'». Aralar destacó que «la reivindicación de todos los derechos humanos, basándonos en los derechos humanos, es más necesaria que nunca». EA entiende que el acto es también «a favor del cambio político que ya ha dado sus primeros pasos y cuyo éxito se medirá por el respaldo social que reciba».
El jueves por la noche el PNV, que se había mantenido al margen de las convocatorias del 11 de setiembre, anunció que enviaría una delegación a la manifestación. El presidente del BBB, Andoni Ortuzar, explicó que la posición de su partido se debe a que la convocatoria es «una reacción ciudadana» que la formación jeltzale «comparte» contra «un exceso del sistema del Poder Judicial y del Estado español, que limita seriamente derechos fundamentales que, en una democracia, no pueden ser limitados».
Ezker Batua también acudirá a la marcha.
El resto de colectivos que se han adherido a la convocatoria puede consultarse en la página debekurikez.blogspot.com.
El consejero de Interior del Gobierno de Lakua, Rodolfo Ares, aseguró ayer que su departamento no ve «inconveniente» en la convocatoria de esta manifestación y añadió que, al parecer, tampoco hay trabas por parte de los tribunales.
El posicionamiento de Ares resulta contradictorio con sus actuaciones ante la manifestación convocada por Adierazi EH! para el 11 de setiembre. Según explicó el consejero el lunes en el Parlamento, cuando recibieron la notificación de la convocatoria, el 11 de agosto, no vieron tampoco ningún inconveniente para su celebración. Sin embargo, a la vista de que representantes de organizaciones ilegalizadas anunciaban su adhesión a la marcha, decidieron poner la cuestión en manos de la Audiencia Nacional, que acabó prohibiéndola. En esta ocasión, también se han producido las mismas adhesiones pero, afortunadamente, las actuaciones gubernamentales y judiciales no han sido las mismas.
Lo que sí pudo comprobarse ayer es que la manifestación no es del agrado ni del PSE ni del PP. Según señaló el portavoz del primero, José Antonio Pastor, se trata de «una manifestación que no tiene razón de ser, porque los derechos humanos, civiles y políticos de los vascos están reconocidos y salvaguardados en el sistema democrático, basado en la Constitución y el Estatuto de Autonomía; y es a ETA y a nadie más a quien hay que pedir que los respete. No es el Estado de Derecho, es ETA quien ha limitado, y sigue limitando, los derechos fundamentales». Por su parte, Leopoldo Barreda, del PP, afirmó que la protesta «es para hacerle el caldo gordo a los convocantes de las manifestaciones que fueron prohibidas, a quienes no condenan el terrorismo».
Los dos partidos se mostraron también muy disgustados con el apoyo ofrecido por el PNV. Especialmente significativas son las palabras de Pastor: «No se puede estar un día hablando de políticas de paz con el presidente Rodríguez Zapatero y, al día siguiente, hacer seguidismo de una manifestación soberanista para ir del brazo, entre otros, de quienes siguen sin condenar la violencia terrorista. Como tampoco se puede ser un partido democrático y con representación en las instituciones y poner en duda la calidad de nuestro sistema democrático».
Según el portavoz del PSE, el PNV «tiene que decidir si quiere estar con las instituciones democráticas o con los herederos de Batasuna, porque las dos cosas a la vez resultan imposibles». Y añadió que «el PNV debe dejar de jugar con estos temas, que son muy serios, hablar con claridad y ser coherente, porque en estas cuestiones ya no se puede poner una vela a Dios y cuatro al diablo como, por desgracia, ha sido su práctica habitual».
También el PP considera que el PNV «quiere estar en misa y repicando» y cree que a la formación jeltzale es necesario exigirle «que respalde la política antiterrorista con claridad, que no entre al juego de quienes no condenan el terrorismo».
Además, el portavoz del PP, Leopoldo Barreda, demandó «garantía de seguridad» para que, en caso de que se produzca en la capital vizcaina «algún acto ilegal» en el contexto de esta manifestación, «sus responsables comparezcan ante la Justicia».
La presencia de los jeltzales en la convocatoria tampoco es del agrado del consejero de Interior, Rodolfo Ares. Pero su reproche, realizado en un foro con asistencia de afiliados jeltzales, fue más sibilino. Dijo respetar la decisión de este partido, pero le recordó que lo que se busca con esa manifestación es reforzar el polo soberanista, que lo que quiere, en su opinión, «precisamente es competir con el PNV, para sustituirlo». I. I.
La manifestación saldrá a las 17.00 desde el Pabellón de La Casilla, porque unas obras impiden partir del lugar inicialmente previsto en la convocatoria.
PNV, izquierda abertzale, Aralar, EA, AB, EB y Alternatiba la secundan, además de la mayoría sindical y decenas de colectivos políticos y sociales.
Reclamamos:
1.- La suspensión de toda situación de excepción o de violencia. Detener todas las actuaciones que impliquen vulneración, limitación o negación de derechos, para llegar a un nuevo escenario de respeto de todos los derechos de todas las personas en el conjunto de Euskal Herria.
2.- Garantía de ejercicio de derechos civiles y políticos, derechos humanos, individuales y colectivos,y en concreto:
· Derecho a la vida y a la libertad.
· Presos vascos a Euskal Herria. Puesta en libertad de los que han cumplido su condena y de los enfermos.
· Detener de inmediato la incomunicación y la tortura.
· Libertad de expresión: todas las personas, todos los proyectos, todas las opciones.
· Legalización inmediata de partidos y organizaciones ilegalizadas, y consecuente desactivación de los procesamientos, juicios y sentencias correspondientes.
