Mientras que el donostiarra Xabier Atristain y los hermanos Juan Carlos y Jesús Mari Besance, de Villabona, cumplen hoy su cuarto día en manos de la Guardia Civil, efectivos del instituto militar registraban por la tarde de ayer una lonja en la que aseguraron haber hallado explosivos y armas.

La bajera registrada está situada en el barrio Puio de la capital guipuzcoana, y más concretamente en el número 9 de la calle Catalina Eleizegi. Según las agencias españolas, al lugar fue trasladado Xabier Atristain, detenido en la operación desarrollada en Usurbil y Villabona el pasado miércoles. Las mismas fuentes precisaron que fue trasladado en helicóptero desde Madrid.

En el interior de la bajera, según las agencias, se ha hallado un doble fondo con explosivos y armas. Agentes del Tedax, los desactivadores de la Guardia Civil, se trasladaron hasta allí.

A última hora de la tarde de ayer, la cantidad de explosivos y armas se encontraba aún por determinar.

El miércoles, el mismo día en el que se produjeron los arrestos, se informó del hallazgo de un coche robado en 2001, 100 kilos de explosivos y material para su elaboración.

Piden compromisos

Familiares de Ugaitz Elizaran y Urko Aierbe, donostiarras arrestados en el operativo contra Ekin, se personaron ayer en el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana para presentar una moción que apuesta por «superar la estrategia de guerra del PSOE y abrir un nuevo ciclo político». Censuraron que la ciudadanía vasca «está sufriendo la impotencia del Estado español», y como botón de muestra señalaron el operativo policial contra sus allegados, en el que todos los arrestados denunciaron duros episodios de torturas.

«Desgraciadamente», prevén que operativos de esta índole se repitan en los próximos meses, ante lo que apuestan por «organizar la respuesta de los ciudadanos». En el manifiesto, leído ante las puertas del consistorio, advierten que la represión tiene como fin «impedir la democracia», por lo que el proceso democrático deberá impedir asimismo la propia represión.

La moción presentada va en esa dirección, y llama al consistorio a censurar este tipo de operativos, así como a hacer «todo lo que esté en su mano» en pro de una solución democrática al conflicto. El escrito también llama a investigar las denuncias de tortura.