La Cámara de Diputados de Chile aprobó ayer por mayoría el proyecto que modifica la «Ley Antiterrorista», una iniciativa que busca poner fin a la huelga de hambre que mantienen 38 comuneros mapuche, algunos desde el 12 de julio.

La norma, que fue aprobada por 81 votos a favor, nueve en contra y diez abstenciones, elimina el concepto de «presunción de delito terrorista» y mantiene el delito de incendio como ilícito de este tipo, aunque rebaja la penalidad.

Asimismo, autoriza la contrainterrogación de los testigos con identidad protegida y clarifica que esta legislación no será aplicada a los menores de edad.

Estos cambios a la normativa fueron considerados por los parlamentarios de la opositora Concertación como insuficientes, ya que, a su juicio, el objetivo inicial era modificar la legislación creada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Tras la votación, el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, destacó que este cambio debería representar «un paso importante» para que los mapuche depongan la huelga de hambre. Sin embargo, reconoció que el Gobierno no está en condiciones de asegurar que se pondrá fin al conflicto.

«Honestamente, no lo puedo asegurar, sería irresponsable de mi parte decir que este proyecto de ley va a ser suficiente», agregó Bulnes.

«Hay dispersión de votos entre ellos [legisladores], tienen distintas visiones, pero lo importante es que como clase política estamos dando una señal de acoger parte de sus reivindicaciones», expresó.

Los presos políticos mapuche exigen que no se les aplique la «ley antiterrorista», además de que no se les someta a un doble juicio ante tribunales civiles y militares y que no se utilicen testigos sin rostro en sus procesos.

El proyecto introduce cambios en relación con los delitos que pueden ser calificados como «terroristas», excluyéndose los delitos de parricidio y de lesiones menos graves, aunque mantiene el delito de incendio, que es el que se le imputa a la mayoría de los mapuche en huelga de hambre, que hoy cumple 82 días.

También se rebaja la pena para la «conspiración, tentativa y amenaza terrorista», mientras que, en cambio, se aumenta la penalidad a la financiación del «terrorismo», que actualmente es castigado con pena de entre 61 días a tres años de cárcel, incrementándola a una horquilla entre 541 días y cinco años y un día de prisión.