Greenpeace y el movimiento Avaaz lanzaron esta campaña en el marco de la iniciativa ciudadana instaurada por el Tratado de Lisboa de diciembre de 2009 para «invitar a la Comisión a proponer nuevas leyes».

La recogida de firmas prosigue con el objetivo de alcanzar el millón y medio y representar al mayor número posible de estados miembros.

El texto pide al presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, que decrete «una moratoria sobre la introducción de plantas genéticamente modificadas en Europa y que ponga en marcha un organismo ético y científico independiente encargado de completar la investigación sobre el impacto de los OGM y determinar su regulación».

En marzo de este año, la Comisión autorizó el cultivo de Amflora, una patata genéticamente modificada desarrollada por el grupo alemán BASF.

Bruselas ha respondido señalando que «Greenpeace se adelanta» y se escuda en que todavía no se habría adoptado un reglamento que fije las reglas y procedimientos de la iniciativa ciudadana.

En este sentido, todo apunta a que la Comisión quiere eternizar en el tiempo el proceso. Eso sí, mostrándose «conciliadora» y dispuesta a «recibir a los impulsores de esta iniciativa para discutir sus argumentos antes de que la iniciativa ciudadana sea puesta en marcha».

Paralelamente, se muestra firme e insiste en que no está dispuesta a congelar las autorizaciones para el cultivo y comercialización de OGM. Tiene en la mesa quince solicitudes.

Y eso que los impulsores de la iniciativa no reclaman la prohibición de los OGM, sino simplemente su moratoria y estudio, una petición similar a la que han hecho el Estado francés y otros estados miembros.