Rodrigo Curipán, uno de los portavoces de los presos políticos mapuche en huelga de hambre, confirmó ayer que son catorce los prisioneros que siguen adelante con la protesta debido a que encuentran insuficientes las medidas anunciadas por el Ejecutivo en relación a la «Ley Antiterrorista».

«Son tres en el penal de Angol, siete que están hospitalizados en Victoria, uno en Cholchol y tres que están en Temuko», explicó el vocero del Parlamento Autónomo de Comunidades Mapuche de Malleco.

Coincidiendo con estas declaraciones, la ONG Liberar, dedicada a asuntos indígenas, explicó en un comunicado que los huelguistas no han depuesto la protesta porque los cambios en la legislación chilena de excepción «siguen sin cumplir con las recomendaciones y decisiones de la comunidad internacional orientadas a garantizar el justo proceso a los mapuche».

Añadieron que las modificaciones impulsadas por el Gobierno a esta ley tienden a «perfeccionar» su aplicación pero no garantiza que se vuelva a aplicar a activistas mapuche, tal como recomienda el relator especial de la ONU, James Anaya.

Acuerdo con Piñera

El pasado viernes, cita la agencia Efe, el Ejecutivo se comprometió a desestimar las querellas por «delitos terroristas» contra ellos, pero los catorce mapuche consideran que el Ministerio Público puede aplicar la «ley antiterrorista» en los procesos que les afectan. La ONG coincide en esta apreciación, «ya que el retiro de las querellas por parte del Gobierno no cambiará la actual situación procesal de los presos».

Ayer mismo, el fiscal general de Chile, Sabas Chahuán, descartó cerrar los procesos contra los indígenas porque «puede constituir un delito».

Indicó que si otros poderes del Estado no quieren que se siga aplicando esta norma, «hay que modificarla», por los fiscales «están obligados a aplicar la ley como está».

Otro de los temas que preocupa a los presos en huelga es el derecho a mantener la figura de los testigos sin rostro, que a pesar de que con las modificaciones a la ley le pueda interrogar también la otra parte, atenta contra el debido proceso.

El portavoz de los presos Rodrigo Curipán alertó de que el paso del tiempo -algunos iniciaron la protesta el 12 de julio- sigue haciendo mella en el estado de salud de los huelguistas y, a modo de ejemplo, señaló que a algunos de ellos «se les hace muy difícil caminar y mantenerse en pie. Les cuesta incluso conversar».