Delegados y delegadas del sindicato ELA arroparon ayer a las trabajadoras de la residencia Ariznavarra de Gasteiz en una manifestación de apoyo. La movilización volvió a reclamar la intervención de las instituciones en la resolución de este conflicto, que ya se prolonga durante más de dos años.

De hecho, la plantilla de la residencia, de 128 personas, lleva 31 meses en huelga para reclamar una mejora salarial en su convenio.

La protesta partió de las inmediaciones de la Facultad de Filología, tras una pancarta con el lema «Ariznavarra en huelga. Soluzioa Diputazioaren eskuetan».

Los manifestantes finalizaron la protesta ante la sede de las Juntas Generales, donde entregaron un escrito con sus revindicaciones a los grupos junteros.

Privatización

En los lemas de la protesta responsabilizaron al PNV de la falta de solución a este conflicto. De hecho, el origen del problema se encuentra en la privatización del servicio de titularidad pública.

Con ello, la Diputación alavesa dejó en manos de la empresa privada, Mapfre-Quavitae, las condiciones laborales, que ahora la compañía quiere regular mediante el convenio estatal.

La plantilla reclama mejoras salariales desde 2008, año en el que no se renovó el convenio. Aunque Mapfre-Quavitae cuenta con la gestión de la residencia hasta el año 2044, en 2008 puso en venta dicha concesión por doce millones de euros. La firma Lagunduz se interesó por la misma y llegó a presentar una oferta, pero finalmente no se llegó a un acuerdo. En la manifestación recordaron que 44 plazas de la residencia están vacantes, ya que se cerró la posibilidad de nuevas entradas ante la prolongación del conflicto. El resto de plazas ocupadas es atendida a través de servicios mínimos.

Mientras tanto, la plantilla sigue reclamando a la Diputación una solución al conflicto y el Ejecutivo foral argumenta que se trata de un problema laboral entre trabajadores y empresa.