El Gobierno español y sus primeros espadas, el rey, el ministro de Interior y el de Exteriores, con la inestimable colaboración de la jauría mediática y los subvencionados lobbies «anti-terroristas» y think-tanks, muestran repetidamente una enfermiza tara, un comportamiento esquizofrénico, una extraña doble personalidad: con algunos sectores siempre (vascos independentistas, grupos contestatarios), y con algunos países y gobiernos según la coyuntura y los negocios (Irán, Venezuela...) sacan pecho hasta quedarse sin respiración, y utilizan todas sus armas, las legales y las ilegales, y toda su capacidad de «persuasión» para desplegar su orgullo patriotero y su poderío granespañol (¡aquí mando yo y tú o te callas o...!). Con otros sectores y países, en cambio (banca, oligarquía, Marruecos, Israel, USA, la Gran Bretaña del Peñón...), quitando algún esporádico gruñido para despistar a la plebe, se comportan como perrillos falderos, agachan la testuz mansamente y se dejan torear y chulear, dejando así en evidencia el puesto internacional que realmente ocupa el Estado español, así como su cobardía y felonía al, por ejemplo, ser incapaces de defender a ciudadanos como José Couso o los cooperantes de la «Flota de la Libertad», o de cumplir su palabra y apoyar los reconocidos derechos del valeroso pueblo saharauí machacado por el déspota y corrupto Mohamed VI, «gran amigo» de ese Juan Carlos I «ahijado» del dictador Franco, que tuvo el «arrojo» de mandar cerrar el pico a un Chávez elegido por abrumadora mayoría.

El 28 de setiembre, Estrasburgo condenaba al Estado español a indemnizar a un preso vasco con 23.000 euros por no investigar su denuncia de torturas. El 1 de octubre de 2010, Amnistía Internacional, una vez más, seguía lamentando el rechazo de Madrid a cumplir «las recomendaciones de investigar las desapariciones forzadas y su negativa a revisar el régimen de incomunicación» para evitar la tortura cuya «finalidad puede ser intimidar o coaccionar» a personas. Este mismo mes, van a juzgar a quince guardias civiles acusados de torturar a los vascos Igor Portu y Mattin Sarasola. Tanto los nueve detenidos a mediados de setiembre acusados de pertenecer a Ekin, como las dos últimas personas encarceladas básicamente para volver a acusar a Venezuela de connivencia con organizaciones como las FARC o ETA (a su repercusión mediática me remito), han denunciado graves torturas. Tan graves que, en este último caso, el abogado de oficio de uno de ellos se negó a firmar su segunda declaración policial «porque veía cuál era el estado de su cliente». En este contexto, tiene una lógica aplastante que el embajador venezolano declarara que las declaraciones de Atristain y Besance sobre su supuesto entrenamiento en tierras bolivarianas pudieran no haber sido «totalmente voluntarias», sino «arrancadas irregularmente». Aunque las posteriores presiones político-económicas le hayan llevado a «matizar» sus palabras, dichas están, y debidamente contextualizadas. Una de cal, y otra de arena.

Tras las extradiciones de 3 vascos en 2002, declaradas ilegales por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los en principio inexplicables arrestos y expulsión de Venezuela, el pasado abril, del internacionalista miembro de Askapena Walter Wendelin, recobran, de pronto, todo su sentido: eran un paso necesario en el organigrama represivo de Rubalcaba contra las nuevas vías abiertas por el independentismo vasco, organigrama que incluye, cómo no, la obstaculización, demonización y persecución de su internacionalismo solidario. Y eran, al mismo tiempo, el primer acto de una representación teatral ya conocida por reiterativa, producida por un Estado español (y un PNV) en crisis, que necesita sacar pecho y provocar conflictos diplomáticos con Venezuela en torno a temas de «terrorismo» para contentar a la derecha (Urkullu incluido), distraer al personal de ese auténtico conflicto que es la crisis, debilitar internacionalmente a Chávez... aunque siempre sin llegar al límite de poner en riesgo los intereses de grandes empresas como Iberdrola, Repsol, BBVA, Mapfre o Prisa, que han conseguido estos últimos años sustanciosos contratos en Venezuela.

Sin embargo, lo que vale para la izquierda abertzale y para Venezuela, no vale para otros sectores y países. Así, ese Rubalcaba tan inflexible y arrogante, que manda detener militantes políticos abertzales a paladas y presume de que «el Gobierno no va a cambiar ni una coma su política antiterrorista», se arrastra ante el rey alauita que no para de chantajear, presionar y chulear a Madrid apresando sus pesqueros, azuzando a conveniencia la «inmigración ilegal» o bloqueando con camiones la frontera de Melilla desde la que, junto con Ceuta, tan enormes ganancias se generan legal e ilegalmente. Y es que Rabat tiene amigos muy poderosos como USA y Francia, cuyas multinacionales, con la ayuda del poderoso Azoulay, el pro-sionista consejero del monarca marroquí, le han ido comiendo terreno económico y comercial a las empresas españolas, incluso en sectores como el ferroviario y el de las energías solar y eólica. Por si fuera poco, a Sarkozy le vuelve loco el olor a fosfato, pescado y petróleo que destilan las riquezas del Sahara Occidental, y no tiene complejo alguno en defender abiertamente la invasión y anexión marroquí de la antigua colonia española y en hacer la vista gorda ante las flagrantes violaciones de los derechos humanos que allí ocurren... En esta coyuntura, el Gobierno español lo tiene difícil para defender sus compromisos con el pueblo saharauí, y no le queda otra que llevar una política exterior cobarde, que pretende ocultar tras la cortina de humo de su «incansable lucha antiterrorista».

Siguiendo con su «arrojo y talante democrático», el Gobierno de Madrid se lo ha pensado dos veces antes de pedir, con la boca pequeña, la excarcelación de Liu Xiaobo, el sucesor de Obama en obtener ese galardón tan descaradamente parcial e interesado que es el Premio Nobel de la Paz. Y es que el Estado español de Zapatero no es sólo «el mejor amigo que tiene China en la UE». Es que los grandes empresarios españoles tienen un tremendo interés en invertir allí y, por otro lado, el Magreb se ha convertido en objetivo estratégico de China, con lo que Moratinos y compañía lo tienen complicado, tanto en términos económicos como en términos de política internacional porque, encima y para su desgracia, ese Sahara Occidental que no han sabido defender está encontrando el apoyo de países como la República Bolivariana de Venezuela, cuyo representante permanente ante la Organización de las Naciones Unidas, Jorge Valero, reiteraba el 5 de octubre, ante la comisión de descolonización, el firme compromiso de su país a favor de la solidaridad con el pueblo saharauí y su derecho a la autodeterminación y la independencia, enfrentándose así a Marruecos, mientras Irán también da a entender que quizá opte por apoyar al Frente Polisario. China, gran compradora de esos fosfatos que Marruecos roba impunemente al pueblo saharauí para engrosar sus arcas, por ahí anda revoloteando con su enorme potencial. Todo ello ante la incapacidad y pusilanimidad de la diplomacia del Estado español que, encima, acaba de quedarse fuera del G-8.

Por mucho que lo intenten, hacerse los «valientes» y sacar pecho sólo cuando se trata de reprimir la profundización en vías políticas de solución al conflicto vasco, o de atacar mediáticamente a gobernantes democráticos de izquierdas, no les va a sacar de sus muy serios problemas.

Es como el maltratador que por pegar a una mujer o a un niño se cree más hombre. Puede hacer daño, pero la realidad le acaba poniendo en su sitio.