Rodolfo Ares aprovechó un domingo con poca actividad política para reiterar el mensaje lanzado por su departamento poco después de que el viernes se conociese la sentencia absolutoria de la Sala Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional española hacia cuatro comparseros de Txori Barrote: seguirá retirando de las calles de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa todo tipo de expresiones gráficas que reivindiquen derechos básicos de los presos políticos vascos y den cuenta de su existencia.

El titular de Interior se reafirmó en la decisión del Ejecutivo de Lakua de «mantener la política de tolerancia cero para garantizar que no existan espacios de impunidad para aquellos que practican, amparan o justifican la violencia en las ciudades y los pueblos de Euskadi». En este sentido, precisó que la Ertzaintza «seguirá actuando, bien por vía penal, cuando concurran las circunstancias para ello, o bien por vía administrativa, cumpliendo escrupulosamente el mandato de la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo».

Su pretensión, remarcó, es «erradicar de nuestras calles y plazas las imágenes de presos que han sido condenados por asesinato u otros delitos terroristas, cuya exhibición pretende homenajear a un grupo de criminales, al tiempo que ofende la memoria y la dignidad de sus víctimas».

Por cierto, el consejero mantuvo el sábado una conversación telefónica con el fiscal jefe del tribunal especial, Javier Zaragoza, quien le confirmó que recurrirá la sentencia «y que seguirá ejerciendo la acusación pública contra aquéllos que exhiban carteles de presos terroristas cuando, analizado el contexto en el que lo realizan, se entienda que su voluntad es el enaltecimiento del terrorismo». Ares quiso subrayar «que nadie entienda» que se dejará de «actuar por la vía penal» cuando se entienda «que se dan las circunstancias para hacerlo».

Tras asegurar que comparte la decisión del Ministerio Público de impugnar la resolución de la Sala Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, Rodolfo Ares recordó que, «en cualquier caso, es evidente que los jueces dejan abierto el camino para que la Ertzaintza siga actuando, por vía penal, cuando se den las circunstancias para ello, o por vía administrativa, para erradicar de nuestras calles y plazas los carteles y la fotografías de presos que cumplen condena por asesinato o por pertenencia a una organización terrorista».

En este sentido, se remitió al artículo 4.b de la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, que establece que los poderes públicos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa «actuarán para prevenir y evitar la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas, y actuarán de manera especial contra las pintadas y carteles de tal índole», investigando, además, «aquellos que puedan ser constitutivos de infracción penal».

«Ofensa a las víctimas»

Para Ares, «es evidente que las fotografías de los presos terroristas ofenden la dignidad y la memoria de las víctimas», e insistió en que «la inmensa mayoría de los ciudadanos saben que la única finalidad que persiguen quienes colocan en espacios públicos fotografías de presos condenados por delitos de terrorismo es homenajearles».

Por ello, aseguró que el Departamento de Interior y la Ertzaintza van a «cumplir escrupulosamente el mandato de esta ley», que, según recordó, aprobaron «por unanimidad todos los grupos democráticos del Parlamento vasco hace más de dos años».

Asimismo, resaltó que es «fundamental» mantener la política de retirada de pancartas, pintadas y carteles vinculados con la izquierda abertzale y los que reivindican los derechos fundamentales para los presos, que puso en marcha el Gobierno de Gasteiz tras la toma de posesión del lehendakari, Patxi López, «una política que lleva a cabo en colaboración con los ayuntamientos tras la firma de un convenio con la Asociación de Municipios Vascos, Eudel».

El consejero expresó su «agradecimiento por la colaboración del resto de las instituciones», al tiempo que hizo un llamamiento «a todos los partidos y ayuntamientos para que sigan colaborando en la aplicación de las diversas ordenanzas municipales» que impiden que, en las fiestas populares de numerosas localidades vascas, se instalen txosnas «que sirvan de soporte para la exhibición de fotografías de presos u otras expresiones que puedan dar amparo o justificación al terrorismo».