El comienzo del nuevo curso académico en Nafarroa ha traído como novedad la aplicación del Decreto foral sobre Derechos y Deberes del Alumnado, que establece unos principios generales positivos pero que en su desarrollo revela su verdadera intencionalidad.

Este decreto habla de participación de la comunidad educativa. ¿Es realmente así?

Es así en los primeros puntos, en los que se garantiza la participación de los diferentes estamentos educativos, pero luego, según vamos avanzando en la lectura del decreto, nos damos cuenta de que esa participación queda a expensas de lo que decidan las direcciones o los claustros. Por ejemplo, en el centro en el que yo trabajo se ha impedido participar tanto al estudiantado como a los padres y madres en la elaboración del plan de convivencia; es decir, ha sido restringida la participación de las familias.

En este decreto se citan como ejemplos de democracia la Constitución española y el Amejoramiento del Fuero. ¿Le parecen dos buenos ejemplos?

En Euskal Herria todo el mundo es consciente del apoyo que han recibido esos dos textos legales. La mayoría del profesorado y de padres y madres votaron en contra de la Constitución o se abstuvieron, y los alumnos no la votaron. Y el Amejoramiento no lo ha votado absolutamente nadie en este país. Es evidente que no son dos ejemplos de democracia, ni muchísimo menos, y que no deben ser impuestos como textos a seguir.

También se habla de libertad de expresión.

Sí, pero hay libertad de expresión si defiendes los postulados ideológicos del Gobierno actual. Tanto la Constitución española como el Amejoramiento, que aquí no tienen ningún refrendo, son leyes que coartan esa libertad e impiden la expresión de ideas contrarias a las del Gobierno de UPN. Voy a poner un ejemplo. Hace tres semanas, en el centro donde yo trabajo un grupo de alumnos puso una pancarta en contra de este decreto. Intervino la Policía Nacional, entró en el centro ilegalmente, identificó a un alumno y una profesora y les han puesto una denuncia. Aquí se ve que es una «libertad de expresión» que ni siquiera permite protestar contra este decreto.

En otro apartado se establece que todos los alumnos tienen los mismos deberes y derechos. ¿Encaja ahí la Ley del Vascuence y la zonificación lingüística?

Si realmente todos los alumnos navarros tuvieran los mismos derechos, es evidente que un estudiante de Monteagudo o de Cortes podría estudiar en el modelo D. Sin embargo, hoy por hoy el Gobierno de UPN no está por esa labor. No sólo no hay igualdad en cuanto al euskara, en el tratamiento de la igualdad de género ocurre lo mismo. En Nafarroa hay un par de colegios que segregan por sexos. Una amiga mía hizo de monitora en uno de esos colegios, donde sólo hay chicos, y la primera frase que les dijo el profesor fue lo siguiente: «Hacerle caso, a pesar de que sea chica». No creo que eso sirva para prevenir la violencia de género ni actitudes machistas que no queremos en nuestra escuela.

Si un alumno tiene varias faltas de asistencia se le sanciona sin acudir a clase unos días. ¿Resulta lógica una medida así?

Me parece una rabieta y una forma de pedagogía adolescente, por decirlo de alguna forma. Precisamente, si un alumno ha faltado a clase creemos que tendrá algún motivo y que habrá que procurar que ese estudiante asista a clase lo más posible y complete su ciclo formativo.

En este decreto queda reforzada la figura autoritaria del profesorado. Usted, como docente, ¿lo considera positivo?

Ni mucho menos. Considero que nuestro trabajo no es andar como guardias detrás del alumnado, ni mucho menos, sino que nuestro trabajo es la docencia y la educación. En este decreto se nos menciona como autoridad, pero es una desviación hacia el autoritarismo, y encima se nos carga con la responsabilidad de andar detrás del alumnado e incluso de hacer de chivatos, porque el profesorado tiene la obligación de denunciar ante la dirección o ante la inspección cualquier actividad que no concuerde con este decreto. Si no lo hace, puede ser sancionado. Ése no es en absoluto el trabajo que nos corresponde como docentes y educadores.

Entonces, ¿opina que se pretende convertir al alumnado en objeto de control?

Eso es. Intentan penalizar cualquier conducta que el alumnado haga en contra de este decreto. Además, este decreto es un texto base, pero hay centros y direcciones que pueden endurecerlo todavía más, al no contar con la participación de las familias. Creemos que se trata al alumnado como si fuera un delincuente cualquiera, cuando en realidad son personas que están en un periodo de formación. Están formándose como personas y como parte de la sociedad, y en absoluto los podemos tratar como si fueran algo a erradicar, perseguir o controlar, y mucho menos tratar de inculcarles la ideología que quiere el Gobierno de UPN.

¿Cree que este decreto rezuma la ideología de UPN?

En general, sí. No sólo por el tema de la Constitución y del Amejoramiento, sino porque sólo hablan de un terrorismo. La forma de ser de las gentes de UPN es más autoritaria, del «aquí ordeno, aquí mando». Este decreto va por esa línea, y además pretenden que los profesores seamos partícipes de esa ideología.

El Gobierno de UPN defiende la objeción de conciencia en el tema del aborto. ¿También se puede aplicar la objeción de conciencia a este decreto?

En este decreto se recoge la posibilidad de adecuar los diferentes puntos según la perspectiva del centro. Pero si parte de la comunidad educativa está excluida de esa posibilidad, vemos que va a ser difícil. Desde Sortzen hacemos un llamamiento a las familias y a los centros para que hagan insumisión a este decreto, a que no lo apliquenen sus aulas y dejen paso a la libertad de expresión de ideas.