Los senadores franceses aprobaron a última hora de la tarde de ayer la reforma de las pensiones que prevé un retraso de dos años en la edad de jubilación -elevará la edad mínima legal de jubilación de 60 a 62 años y de 65 a 67 años la edad para cobrar la pensión completa- y que ha provocado una intensa oposición en el conjunto del Estado, con numerosas protestas y la paralización sistemática de algunos sectores estratégicos.

La reforma fue aprobada con los votos de los senadores conservadores y centristas (177); en contra votó la oposición (153). El texto deberá ahora pasar a una comisión mixta de senadores y diputados, que se reunirá el próximo lunes con el objetivo de consensuar un texto entre las propuestas de ambas cámaras, antes de que sea sancionado definitivamente por el presidente, Nicolas Sarkozy, el miércoles.

El mandatario galo ve así aprobado su proyecto estrella, aunque su victoria legislativa, por otra parte esperada dado la conformación de la Asamblea y el Senado, se ha visto empañada por la fuerte fractura que se ha abierto entre su persona y la ciudadanía del Estado francés. Según una encuesta publicada esta misma semana, ocho de cada diez ciudadanos apoya las movilizaciones convocadas contra la reforma de las pensiones, que se han ido endureciendo con el paso de las semanas. Sarkozy, de hecho, ha intentado aprovechar el bloqueo en el suministro de combustible y los incidentes ocurridos en algunas ciudades para poner a la opinión pública en contra de los sindicatos que, sin embargo, mantienen sus movilizaciones.

Heridos en la refinería

Y es que las autoridades francesas siguen intentado lidiar con la falta de combustible en gran parte de las gasolineras de todo el Estado. Ayer, el Gabinete de Sarkozy reconoció que la situación de falta de aprovisionamiento no volverá a la normalidad hasta dentro de «varios días». El Ejecutivo, que dará prioridad a las gasolineras situadas en las autopistas, no contempla «por ahora» medidas de racionamiento de combustible a pesar de la situación de escasez energética que viven algunas zonas como consecuencia del bloqueo de casi todas las refinerías por la protesta contra la reforma de las pensiones.

El Gobierno fijó su posición tras la reunión del primer ministro, François Fillon, con los representantes de los productores y distribuidores de carburante a primera hora de la mañana. El Ejecutivo francés, que admitió que todavía permanecían cerradas entre el 20 y el 21% de las estaciones de servicio, explicó que para paliar el paro de las refinerías se han importado importantes cantidades de carburante. A pesar de ello, los ciudadanos continúan «viviendo dificultades de aprovisionamiento», por lo que París ordenó ayer a los delegados del Gobierno en los diferentes depar- tamentos que dirijan los camiones cisterna «a las zonas que tengan más necesidad», que son el este y el oeste del Estado, además de la región parisina.

Otra de las prioridades será reabastecer a los servicios básicos y las empresas que precisen de carburante para continuar con su actividad económica, agregó la nota remitida a los medios por el Gobierno.

Asimismo, en la línea de lo manifestado el jueves por Sarkozy, prometiendo «mano dura» contra quienes participan en las protestas, el Ejecutivo también ha endurecido su respuesta frente a los trabajadores que permanecen a la entrada de las refinerías, tal como se pudo comprobar en las instalaciones de Grandpuits, a las afueras de París, que fue desalojada por la fuerza por la mañana después de diez días de bloqueo. El desalojo causó tres heridos, según el coordinador del sindicato CGT en la empresa petrolera Total, Charles Foulard, quien denunció que la acción policial significa «la supresión del derecho a la huelga» por parte de Sarkozy.

Agentes del cuerpo de las Compañías Republicanas de Seguridad (CRS) de la Policía gala llegaron de madrugada a la planta y los trabajadores formaron una barrera para impedir que entraran. A primera hora de la mañana, esa barrera fue traspasada a la fuerza por la Policía.

Tras la operación, el Ministerio del Interior sostuvo que la intervención policial, que consideró «estrictamente necesaria», se desarrolló «en calma» y sin que hubiera que «lamentar ningún incidente», obviando por completo la existencia de sindicalistas heridos.

La refinería de Grandpuits, a unos 50 kilómetros de París, es clave para el suministro de combustible a la capital francesa y a sus aeropuertos: el de Orly y el Roissy-Charles de Gaulle.

Al margen de lo ocurrido en esta refinería, numerosos centros logísticos e industriales permanecieron bloqueados en todo el Estado.

La aprobación de la reforma en el Senado, además, no va a parar la cadena de movilizaciones en su contra. El jueves pa- sado los sindicatos ya llamaron a los trabajadores a protagonizar una nueva jornada de huelga el día 28, jueves, y el 6 de noviembre volverán a sucederse las manifestaciones en las grandes ciudades.

Los estudiantes, el martes

Además, las principales organizaciones estudiantiles del Estado francés convocaron ayer una nueva jornada de protesta contra la reforma de las pensiones para el próximo martes, dos días antes de la huelga general organizada por los sindicatos.

El llamamiento pretende mantener las movilizaciones en las calles hasta que se produzca la siguiente manifestación sindical, según explicó a la agencia Efe un portavoz estudiantil. Puesto que en los institutos no habrá clase esos días porque comienzan ya las vacaciones de Todos los Santos, los convocantes llamaron a manifestarse y hacer sentadas frente a los centros, así como frente a las sedes de diputados o locales de la patronal MEDEF.

El objetivo, explicó al respecto este portavoz estudiantil, es que durante la pausa vacacional no decaiga la movilización popular en protesta contra el retraso de la jubilación.