El Diputado General de Bizkaia, José Luis Bilbao, en el Pleno de Política General celebrado en Gernika a finales de septiembre, advirtió sobre «la imposibilidad de mantener en el futuro el actual nivel de prestaciones si no se toman medidas al respecto».

¿Y qué medidas plantea? La primera, controlar el fraude en las ayudas sociales. Éste parece ser el tema de moda y en todos los ayuntamientos ponen inspectores, teléfonos de denuncia, etc. para destapar el «fraude» social. Bilbo ha sido uno de los ayuntamientos pioneros y, según sus propios datos, ha detectado 249 casos de mal cobro de la Renta de Garantía de Ingresos, lo que supone 175.000 euros al mes, es decir, 2,1 millones al año. La Diputación de Bizkaia ha detectado de enero a agosto de 2010 una bolsa de fraude fiscal de 271 millones de euros, y si a esta cantidad le sumamos el fraude de años anteriores, desde julio de 2007, tenemos, en total, una bolsa de fraude fiscal de 892 millones. Parece evidente que, si de recaudar dinero se trata, el fraude a combatir no es el de quien hace un mal uso de las ayudas sociales, sino el de quienes año tras año defraudan a Hacienda.

Otra medida que planteó el Sr. Bilbao fue «corregir las situaciones que permiten ganar más dinero sin trabajar que trabajando». Parece olvidar el Sr. Bilbao que los datos económicos indican que cada vez son más los empleos que se destruyen y, en consecuencia, aumentan las dificultades para conseguir empleo. Y todavía es más difícil conseguir uno digno. ¿Sabe el Sr. Bilbao que el Salario Mínimo Interprofesional que cobra un trabajador o trabajadora en Bizkaia es de 633,3 euros al mes, es decir, el 64% del Salario Mínimo Interprofesional de quien trabaja en Baiona? Si tanto le preocupa no crear una sociedad «subsidiada», el camino es dignificar las condiciones de trabajo y fijar un salario digno equiparable al nivel europeo. ¿Por qué no proponen al Sr. Zapatero que fije en los Presupuestos de 2011 un SMI de 1.337,7 euros al mes, como en el Estado francés?

Este discurso lo enmarca el Sr. Bilbao en un supuesto compromiso de que «lo primero son las personas». Y para demostrar esa afirmación habla de que el presupuesto de Acción Social ha crecido un 212% desde el 2003. Una vez más, el Sr. Bilbao hace trampa. Porque incluye en ese presupuesto el coste de la Renta de Garantía de Ingresos, que es lo que realmente ha subido estos años (un 48,5% de 2008 a 2010). Si suprimimos esa cantidad, que es abonada por el Gobierno Vasco, el presupuesto de Acción Social en esta legislatura ha subido únicamente un 8%.

Analizar los presupuestos nos permite ver las prioridades reales de la Diputación de Bizkaia. Su prioridad no son las personas, no al menos las personas en riesgo de exclusión social, sino las empresas constructoras a las que encarga las macroinfraestructuras vizcainas. La Diputación dedica al programa contra la exclusión social, sin contar la Renta de Garantía de Ingresos y el Complemento de Vivienda, 20,5 millones de euros. Para la construcción del Bilbao Arena la Diputación ha puesto 21 millones, para la variante de Ermua 130, o para la carretera Gerediaga-Elorrio 225. ¿Dónde están las prioridades de la Diputación? Los números cantan.

Y la realidad también. Porque lejos de aumentar los servicios sociales, la Diputación toma medidas como la no cobertura de un 25% de las sustituciones en los servicios del Instituto Foral de Asistencia Social, lo que supone una merma de la calidad del servicio. ¿Se puede hablar de servicio de calidad cuando en una residencia, de 8:00 a 10:00 de la mañana un trabajador o trabajadora se ocupa de levantar, lavar, dar de desayunar, etc. a 10 personas residentes?

Y ahora, el mensaje de la Diputación, en boca de José Luis Bilbao, pasa a ser alarmante: no hay dinero para mantener los servicios sociales. Otra mentira más que nos quieren hacer tragar. Porque dinero hay, pero mal repartido.

Sr. Bilbao, aquí tiene unas cuantas ideas de cómo financiar los servicios sociales:

En primer lugar, cambie sus prioridades y no invierta tanto en la Supersur, más carreteras o grandes infraestructuras. Según el economista Vicenç Navarro, el gasto social en la CAPV es el 76% del promedio en la UE-15, a pesar de que el PIB es un 122% del promedio de la UE-15. Es decir, invertimos en gasto social menos de lo que nos corresponde según la riqueza creada.

En segundo lugar, para aumentar la recaudación, se debe hacer una revisión y modificación integral del sistema fiscal. Combatiendo realmente el fraude podremos recaudar casi 1.000 millones más; incrementemos el tipo de las rentas más altas; recuperemos el Impuesto sobre el Patrimonio...

Y, por último, invirtiendo en servicios sociales públicos generaremos empleo y, por lo tanto, riqueza. Como decía el Sr. Bilbao, «la atención a la dependencia es una cuestión que no está sujeta a coyunturas económicas determinadas, es una necesidad estructural». Cuestión de la que son conscientes empresas como Iberdrola o diferentes aseguradoras que están ya invirtiendo en servicios sociales, mientras la Diputación renuncia a generar empleo en este sector, dejando en manos privadas la construcción y la gestión de los servicios sociales.

Sr. Bilbao, si realmente quiere impulsar la economía vizcaina, no mire sólo al cemento, responda a las necesidades de la ciudadanía impulsando una red pública de servicios sociales. Esa red es un yacimiento de empleo, sin riesgos y de interés público.